“Como medida cautelar hemos solicitado que todos los procesados sean notificados con esta acción para que puedan adherirse, ampliar o presentar otra acción en sus departamentos”, dijo Carrillo.
Aclaró que presentaron la acción de inconstitucionalidad concreta, porque varios artículos de la Ley 101 vulneran el debido proceso y van en contra de garantías reguladas en Constitución Política del Estado.
Manifestó que si el Tribunal Constitucional declara que es inconstitucional el proceso contra su patrocinado acabaría.
El jurista apuntó que la Ley 101 no permite presentar excepciones, salvo en los casos de prescripción y extinción de la acción, no hay otros incidentes como se permite en materia administrativa, ese aspecto –dijo– limita el derecho a la defensa.
Se está objetando también las excusas. “El Tribunal Disciplinario, en la anterior audiencia ya ha emitido un criterio, nosotros hemos querido pedir su excusa y la ley no permite y tampoco prohíbe al Tribunal emitir criterios, se está vulnerando el principio del juez imparcial”, explicó.
La Ley 101 tampoco permite presentar recursos de reposición a otros que emite el Tribunal. “Todo se va directamente a la apelación, cualquier arbitrariedad que cometa el Tribunal Disciplinario no puede ser impugnado, no tiene enmienda ni complementación”, aclaró.
Manifestó que si todos los policías que ya fueron dados de baja se sumaran a la acción que presentaron, no se tendría que ejecutar su sanción administrativa.