El informe elaborado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, que está compuesta por más de 40 organizaciones a nivel nacional, recomienda el incremento de al menos el 4 % del Presupuesto General de Estado e independencia del Poder Judicial.

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos desde su creación en 2015 ha venido impulsando procesos de monitoreo, veeduría, investigación, debate público e incidencia de manera constructiva tanto a nivel departamental como nacional de las diferentes entidades del sistema de justicia y penitenciario con el fin de lograr modificaciones y cambios profundos dirigidos a una reforma necesaria del sistema de justicia.

En ese marco, en las recomendaciones del informe presentado el jueves, exhortan a los Órganos Ejecutivo y Legislativo a realizar acciones conducentes a garantizar la independencia del Órgano Judicial, mediante la aprobación de un presupuesto adecuado, con un porcentaje fijo de por lo menos el 4 % del Presupuesto General de Estado. Por otra parte, abstenerse de afectar la independencia institucional e individual de los operadores de justicia.

Recomiendan, además, promulgar leyes y diseñar procedimientos expeditos para la denuncia de injerencia interna y externa a jueces, fiscales y servidores judiciales.

Asimismo, recomiendan poner fin a la provisionalidad de autoridades jurisdiccionales y personal de apoyo mediante mecanismos normativos y reglamentarios, impulsando la carrera judicial, fiscal y dentro de los servicios de defensa pública y de la víctima.

Recomiendan al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, trabajar un Código de Ética Judicial único bajo estándares internacionales.

Exhortan el tratamiento y promulgación de una Ley Acceso a la Información Pública que, observe, además, las previsiones de la Ley Modelo de Acceso a la Información 2.0 de la Organización de Estados Americanos.

DESLINDE JUDICIAL

A través del informe, recomiendan al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que, a través del Viceministerio de Justicia Indígena, trabaje de manera participativa las modificaciones necesarias a la Ley de Deslinde Jurisdiccional que cumpla los preceptos constitucionales y estándares de derechos humanos, fortaleciendo los mecanismos de cooperación y coordinación entre jurisdicciones.

En las recomendaciones refieren también que la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Justicia atiendan de manera urgente las modificaciones a la Ley 348 con el fin de brindar una respuesta efectiva para reducir los niveles de impunidad en hechos de violencia contra la mujer y feminicidios.

Recomiendan a la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, avanzar en una reforma penitenciaria y penal con enfoque de género y acorde a los lineamientos establecidos en las reglas de Bangkok.

FORTALECIMIENTO

DE POLÍTICAS

Por otro lado, exhortan a fortalecer las políticas de información en portales web de las instancias judiciales, desde una perspectiva de datos abiertos, usabilidad y empoderamiento ciudadano.

“Asumir por parte de los mismos órganos medidas necesarias para precautelar la independencia y autonomía de gestión del Ministerio Público, absteniéndose de realizar acciones de injerencia y presiones que afecten su imparcialidad y objetividad”, se lee en parte de las conclusiones del documento.

Exhortan a cumplir por parte del Órgano Judicial y Ministerio Público con estándares internacionales respecto al ingreso, evaluación, movilidad y sanción de autoridades jurisdiccionales y fiscales, bajo principios de transparencia, control social y selección basada en idoneidad y méritos.

“El Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio Publico, analizar medidas normativas conducentes a construir una política criminal con enfoque de derechos humanos, que permita una persecución penal estratégica y de esta manera contribuir a reducir los niveles del uso de la detención preventiva como pena anticipada y el empleo de procedimientos abreviados que vulnera el principio de inocencia y debido proceso”, es otra de las recomendaciones.