La diputada por la Chiquitania, María René Álvarez (Creemos), exigió la destitución inmediata y cautelar preventivamente al director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, Eulogio Núñez, tras develar su participación en la toma ilegal de tierras en el municipio Guarayos y otra regiones de Santa Cruz.

“Pedimos la destitución inmediata de Eulogio Núñez (director departamental del INRA Santa Cruz) es, además, una necesidad para que este proceso (investigaciones en caso Guarayos) sea transparente. A confesión de parte relevo de pruebas, Núñez debe ser cautelado por los delitos cometidos (según) sus propias declaraciones”, puntualizó Álvarez.

Mencionó que el seguimiento realizado a las denuncias de avasallamiento a tierras privadas y fiscales en la Chiquitania da la razón sobre la gravedad del problema que involucra a altas autoridades del Estado a partir de una estructura de interés político.

“Aquí hay un complot y una planificación desde el Gobierno, el INRA, la ABT, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, la Policía que lamentablemente causan esta incertidumbre en Santa Cruz. Quieren trasladar a Santa Cruz un Chapare dos”, arremetió Álvarez.

En este sentido, demandó la inclusión de Núñez en como parte de las personas investigadas por los hechos en la hacienda Las Londras, por cuyas pesquisas a la fecha no existe ningún detenido ni citado a declarar como tampoco imputado, excepto cuatro mandamientos de notificación que tampoco fueron activados.

Ante la poco clara actuación de las autoridades nacionales sobre delitos de secuestro, tortura y otros, cometidos por grupos irregulares armados y encapuchados contra periodistas, civiles y policías afectando los derechos de las personas, los parlamentaros de oposición realizarán demandas ante instancias internacionales, advirtió la legisladora.

“Estamos haciendo las denuncias a distintas instancias internacionales porque no puede quedar impune cuando se atenta contra la integridad física de la persona, contra la vida y los derechos humanos que tenemos todos los bolivianos”, recriminó.

Álvarez solicitó información en detalle y pormenorizada a la Notaría de Fe Pública N° 4 en San Julián, Santa Cruz, acerca del documento manuscrito notariado, firmado bajo presión por las víctimas de secuestro, tortura y vejámenes ocurrido en la propiedad Las Londras, municipio de Guarayos, obligándoles a no volver al lugar y cediéndoles la propiedad del predio.

“Este documento se firmó luego de estar más de siete horas privados de libertad. Considerando que este es un grave hecho porque les hicieron firmar bajo presión, amenazas y en total indefensión lo que se define como coacción según el Código Penal”, declaró la diputada electa por la región chiquitana.

Asimismo, lamentó la falta de acciones por parte de las autoridades jurisdiccionales a cargo del caso que ante la lentitud con la que actúan, las investigaciones periodísticas revelan nuevos episodios que ratifican la actuación de autoridades que, supuestamente, deben estar al servicio de la población.