Los periodistas Zulema Alanes y Arnold Guachalla, que realizaron una investigación sobre casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en el municipio de Caranavi, develaron tres casos que aún están impunes, a pesar del riesgo que ello supone para las víctimas.

En la investigación realizada por los profesionales se aborda de manera detallada las barreras estructurales y las obligaciones que debe cumplir el Estado para prevenir, investigar con debida diligencia y sancionar todos los delitos de violencia hacia las mujeres.

INVESTIGACIÓN

“250/2015, 069/2016, 826/2018, no son sólo números, son códigos de expedientes que constituyen evidencia de la ineficacia judicial en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA)”.

“En febrero de 2015 sonaron todas las alarmas cuando la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Caranavi reportó que al menos 24 niñas y adolescentes sufrieron agresiones sexuales y nueve de ellas quedaron embarazadas. Entonces toda la región de Los Yungas fue señalada como una tierra peligrosa para la integridad física y sexual de niñas, niños y adolescentes”, se lee al inicio de la investigación.

Alanes señalo que “el reportaje de investigación hizo seguimiento a la secuencia de tres denuncias de violación sexual que se tramitan en el Asiento Judicial de Caranavi a fin de verificar si en la búsqueda de reparación y justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se cumplen los estándares de debida diligencia”.

EL PODER

DEL DINERO

El caso uno de análisis denominado “El poder del dinero”, uno de los casos analizados data del 6 de noviembre de 2018, fecha en la que una niña de 8 años fue violada por Diego A. O. La niña fue sometida a tres intervenciones quirúrgicas debido a los graves daños provocados por el agresor.

Actualmente, el caso sigue en proceso. El agresor se benefició con la detención domiciliaria y actualmente está prófugo. Los padres de la menor piden ayuda a la Fiscalía para su recaptura porque saben que sin él no habrá sentencia.

SIN JUSTICIA

El caso dos de análisis denominado “La justicia tarda y no llega”, refiere que una joven con discapacidad fue víctima de una violación que derivó en un embarazo. La impunidad dio lugar a una segunda vejación.

La primera violación ocurrió en abril del 2015, la segunda en febrero de 2016. La víctima fue primero violada por Ángel N. Q. y, luego, por el hermano de este, Santos N. Q. Por separado, fueron imputados y enviados a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva y, luego, beneficiados con la medida sustitutiva de detención domiciliaria. Tras cinco años de proceso los violadores volvieron a su comunidad pasean la impunidad de la justicia, mientras la familia de la víctima aun teme represalias.

DEBIDA DILIGENCIA

La investigación ha constatado que la respuesta judicial ante casos de violencia sexual es deficiente y no está a la altura de la gravedad de un problema que pone a Bolivia como el segundo país con el mayor índice de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes a nivel de América Latina.

Los expedientes judiciales son evidencia de que no se cumplen los estándares del debido proceso y de que el Estado quebranta su responsabilidad de proteger a las víctimas, garantizar sus derechos, reparar el daño y sancionar a los perpetradores de este tipo de delitos.

La investigación ha constatado que la omisión de justicia y la impunidad en los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes naturalizan la violencia machista y son caldo de cultivo para prácticas socioculturales que perpetúan la desigualdad e inequidad de género.

El trabajo de investigación fue presentado ayer por la Alianza Libres Sin Violencia, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos de manera conjunta a diversas organizaciones de la sociedad civil, donde además se hicieron reflexiones sobre la situación de la justicia, y en particular, los problemas que afectan la protección de los derechos y el acceso a la justicia de mujeres y niñas víctimas de violencia.

CASOS COTIDIANOS

En la oportunidad, la directora ejecutiva de la Fundación Construir, Susana Saavedra, mencionó que los casos develados los últimos días como la liberación del feminicida y violador Richard Choque Flores, es solo un ejemplo de los muchos que existen a nivel nacional, principalmente en el área rural.

“Los problemas desvelados en la justicia los últimos días, no constituyan casos aleatorios, y por el contrario son cotidianos, se conoce que existe la intención de investigar a fondo estos casos por la Comisión que se instalará, pero no debemos olvidar que se necesitan medidas estructurales y sostenidas, que no serán alcanzadas tan sólo con reformas normativas, ni acciones transitorias”, dijo.