El 8 de diciembre de 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que en marzo de 2022 se llevaría a cabo la cumbre judicial, empero ayer aseguró que por el momento no existen las condiciones. La autoridad destacó la importancia del diálogo con los partidos de oposición y que la Asamblea Legislativa (AL) “tiene la llave” para lograr el encuentro.

“Hacer un encuentro nacional con todas las organizaciones sociales, juristas independientes, academia y otros actores, sería una actividad parcial si no están las dos fuerzas políticas más representativas (…). Entiendo que en este momento no tenemos condiciones para tener un encuentro propositivo y con resultados ni con Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, ni con Creemos, de Fernando Camacho”, indicó Lima, en entrevista con la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Lima aclaró que la Cumbre de Justicia contemplada dentro del Plan de Desarrollo Económico Social 2021–2025, debe ejecutarse con la participación de todos los sectores, desde políticos hasta sociales para contar con la legitimidad necesaria.

REFORMA JUDICIAL

Por otro lado, abogados independientes que plantean una reforma judicial con la recolección de firmas e impulsar el referéndum constitucional que abra las puertas al cambio en la administración de la justicia, ya conformó comités en las ciudades de La Paz y Oruro.

“La conformación de comités para la reforma judicial, primero en Oruro y ahora en La Paz, da cuenta, por un lado, de la conciencia ciudadana respecto de la crisis judicial, pero por el otro, de la decisión cada vez más extendida de encarar su solución vía la reforma parcial de la Constitución, con un referendo de iniciativa popular. Ya no se trata solo de repudiar la tragedia judicial, tampoco de pedirle al Gobierno que la solucione, sino de impulsar la reforma como una tarea ciudadana”, dijo Juan del Granado, uno de los abogados que plantea la reforma judicial vía referendo.

Asimismo dijo que se conoció un estudio cualitativo de opinión de la Fundación Friedrich Ebert (FES), en el que, de 119 personas generadoras de opinión, el 57 % considera que la crisis de la justicia es el principal problema del país, muy por encima de la crisis económica que está en segundo lugar con el 37.8 %. Y es prácticamente unánime el criterio respecto a la necesidad de la reforma que el 96.6 % considera “muy importante”, siendo saliente que el 64 % cree que el camino de su encaramiento pasa por una reforma parcial de la Constitución, a la que “estarían dispuestos a apoyar”.

Del Granado dijo que la reforma judicial que plantean está en base a la independencia, idoneidad e imparcialidad de los jueces, modificando la forma de selección y elección de los “supremos”. Lograr un presupuesto mínimo anual del 3 % para un buen servicio, mismo que al estar inscrito en la Constitución, deberá ser bien administrado por un nuevo Consejo de la Magistratura, entre otros.

“Jueces independientes, servicio judicial digno y justicia para todos, es la frase que bien puede resumir la profundidad a alcanzar con la reforma, con lo que queda igualmente claro que el mecanismo es el de la reforma parcial de la Constitución”, apuntó Del Granado.