“Existe trato discriminatorio y diferenciado del Estado hacia las personas transexuales y transgénero, pues éstas enfrentan barreras, dificultades, demoras y restricciones en razón de su identidad de género, que no les permiten el goce de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población”, advirtió la defensora interina, Nadia Cruz.
Apuntó además que se verificó el incumplimiento en la adecuación de normativa y procedimientos internos en entidades públicas y privadas, conforme a la Ley 807 y que el Servicio de Registro Civil (Sereci) no realiza seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones Administrativas que emite.
El informe refiere además que se constató que la reglamentación interna de universidades públicas y de las direcciones departamentales de educación no se adecuaron a la Ley 807 de Identidad de Género.
“El Estado otorga un trato discriminatorio a las personas transexuales o transgénero masculinas, en razón a su identidad de género, al no brindarles las condiciones para ejercer sus obligaciones, como el servicio militar, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos varones”, dijo la autoridad defensorial.