Iraízos lamentó que no pueda poner profesionales de su confianza en cargos delicados como el área legal, por las movilizaciones que los trabajadores protagonizaron en semanas precedentes, poniendo en riesgo el suministro de agua.

“Yo no puedo poner gente de mi confianza en los cargos, hay personas antiguas que están ocupando los cargos. Hubo descuido, quizá por hacerme un daño, porque los actuados los hicieron de último momento. Vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a proceder conforme al reglamento interno de la empresa”, apuntó.

El interventor lamentó la “dejadez” del área jurídica de la firma, porque de haber sido aprehendido se hubiera puesto en riesgo el servicio, debido a que, en muchos casos, debe “firmar cosas urgentes, trámites que se pueden retrasar”.

Iraízos manifestó que la firma realizó el depósito del monto a cuentas judiciales el pasado viernes 9 de abril, empero que ayer se apersonaron al juzgado con un memorial.

EXTRABAJADORA

La extrabajadora del área jurídica de Epsas y afectada por un despido injustificado, Doris V., en entrevista con EL DIARIO, desmintió al interventor y aseguró que hasta el mediodía de ayer, martes 13 de abril, no existía depósito alguno en el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Octavo de La Paz, por lo que exigió al juez Ledezma, se expida el mandamiento de apremio contra Iraízos.

La extrabajadora explicó que este proceso se debe a una acción que exige el respeto a los derechos laborales que son vulnerados por los ejecutivos de Epsas, excesos que perjudican al trabajador, pero en mayor medida a la propia empresa, debido a que se debe pagar beneficios sociales, multas, actualizaciones y otras costas, que a sabiendas de los abogados de la empresa insisten en procesos desahuciados, con argumentos que solo buscan alargar los mismos, sin considerar que al final, sí o sí deben pagar a los trabajadores.

“CAcERÍA DE BRUJAS”

El ex secretario general del Sindicato de Epsas en transición, Lorenzo Quisberth, en entrevista con EL DIARIO, apuntó que desde que la firma fue intervenida, inició una “cacería de brujas”, con la destitución en primera instancia de “los sindicalistas”, y a todo trabajador que reclamaba por sus derechos.

Lamentó que el Ministerio de Trabajo, en coordinación con los interventores, hayan derivado todos los procesos a la justicia ordinaria, deslindado su responsabilidad de tutela a los trabajadores, irregularmente despedidos.

“En la justicia ordinaria se demoró bastante tiempo para que la misma justicia diga que estos trabajadores han sido despedidos de mala fe, en ese ínterin, el accionar de los abogados de la empresa intervenida, tomaron una especie de represalia. Los trabajadores que en la justicia ordinaria conseguimos autos supremos, sentencias favorables para la reincorporación a nuestra fuente laboral, somos maltratados por los abogados que se inventaron procesos penales amañados que hasta hoy subsisten, por ejemplo, mi caso que ya llevo ocho años de proceso penal, luego de haber ganado los procesos laborales”, dijo.

En criterio del exdirigente, todos los abogados de Epsas Intervenida son “neófitos, en el conocimiento de derecho, malos, nulos, porque todos los procesos que instauraron de manera indebida los perdieron”, sostuvo.

Apuntó que por el mal accionar de los abogados, Epsas, perderá millones de bolivianos, mismos que pueden ser empleados para las poblaciones a las que prestan el servicio.

“¿De dónde saldrá el dinero, cómo harán?, ¿los abogados con su mal accionar responderán o simplemente la empresa se hará responsable por el mal trabajo de estos profesionales?”, cuestionó.

TRABAJADORES

En febrero pasado, trabajadores de Epsas se declararon en huelga general indefinida en rechazo a la designación de Iraízos, quien fue posesionado en reemplazo de Tomás Quisbert, quien en 2016 fue gerente técnico, periodo en el que se dio la crisis del agua qua afectó a más de cien zonas de las ciudades de La Paz y El Alto.