La jurista aclaró que pidieron una medida cautelar ante la CIDH porque la imputación a su cliente no corresponde, siendo que él como director de la ANH solo tenía la obligación de garantizar el abastecimiento de combustible, más no ordenar a los militares el retorno de un convoy, durante los conflictos poselectorales de 2019.

“Ante la vulneración de derechos y garantías se ha presentado la correspondiente acción de defensa. Hemos acudido a través de una medida cautelar a la CIDH para que esta entidad internacional asuma conocimiento de esta vulneración de derechos en contra de un ciudadano que estaba cumpliendo su misión constitucional, que era garantizar el abastecimiento de combustible”, dijo la jurista.

Por otro lado, Mariño recordó que el día del conflicto, su cliente recibió llamadas de trabajadores de la planta de Senkata, quienes con llanto de desesperación pedían auxilio, ya que las paredes del lugar estaban siendo rebasadas por los manifestantes que hacían detonar dinamita.

El Ministerio Público investiga los hechos del 19 de noviembre de 2019, cuando fuerzas del orden se enfrentaron a manifestantes en cercanías a la planta de Senkata, generándose la muerte de diez personas.

De acuerdo a información de la Fiscalía, la imputación contra el militar que estuvo a cargo de la ANH es que después de que se logró extraer convoyes de combustible de la planta de YPFB, el general había decidido reasumir su grado militar para ordenar el regreso de los vehículos a Senkata, puesto que manifestantes intentaban ingresar al complejo.

Al respecto la abogada que patrocina al exdirector de la ANH manifestó que los argumentos para imputar a su cliente son de “mucha fantasía”, toda vez de que la sociedad en su conjunto fue testigo de lo que ha pasó.

“Que una autoridad civil ordene un funcionario del Ejército es completamente ilógico, que se haya disparado de dentro los convoyes donde había combustible también es un argumento completamente ilógico”, apuntó la jurista.

En entrevista anterior con este medio, el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan cuestionó que a la fecha el Ministerio Público no haya iniciado las investigaciones para dar con las personas que hicieron explotar dinamita en proximidades de la planta de YPFB, extremo que puso en riesgo la vida de cientos de personas.

“La pregunta para los fiscales y los investigadores es ¿dónde están los que quemaron los buses en El Alto?. ¿Dónde están los responsables de poner dinamita en Senkata, los que utilizaron bombas molotov, poniendo en peligro la vida de por lo menos 10.000 familias a la redonda que habrían sido afectadas si la planta explotaba?, ¿dónde están esos responsables que atacaron Senkata?, ¿están siendo investigados?, ¿el fiscal los imputará?”, cuestionó.