Miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) denuncian que volvieron a ser agredidos, esta vez con el rechazo al pedido que hizo uno de ellos, en detención preventiva, para que los medios de comunicación ingresen al principal recinto penitenciario de Chuquisaca y así poder evidenciar las condiciones de los privados de libertad.

El 14 de febrero, Mario Bascopé presentó al director departamental de Régimen Penitenciario, Sergio Flores, una solicitud de autorización de ingreso de medios de comunicación al Pabellón Población de la cárcel de San Roque, para verificar la huelga de hambre que inició el día 11.

La respuesta al interno fue negativa porque, según Régimen Penitenciario, “él mismo se considera preso político” y por ello está prohibido a acceder a medios de comunicación para hacer cualquier forma de “proselitismo”.

Bascopé fue detenido en julio de 2021 bajo cargos de presunta organización criminal, deterioro de los bienes del Estado y tenencia ilegal de armas, por las protestas y pedidos de renuncia contra el fiscal general Juan Lanchipa un año antes en Sucre. De forma paralela se activó otro proceso, en el que se implicó al joven cochabambino con un caso de tráfico de sustancias controladas que derivó en una sentencia de diez años en octubre pasado.

De ese caso, su defensa argumenta que fue otra persona quien fue encontrada en posesión de sustancias controladas, pero se incriminó a Bascopé, quien ya estuvo detenido en el penal de Palmasola por esa investigación.

En tanto, las campañas de desinformación y desprestigio hacia la RJC continúan desde redes como la Andean Information Network (AIN), un portal web de una ONG norteamericana aliada al Movimiento al Socialismo (MAS), con sede en Cochabamba y que coordina contenidos en inglés y español con la emisora del trópico Kausachum Coca.

“No se olviden que los grupos ilegales paramilitares, la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista trabajaron juntos en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas durante el golpe de Estado en Bolivia. Aún no han sido desarticulados”, cita un reciente tuit de ese portal que hace activismo.

Por su parte, la activista Milena Soto, quien tiene arresto domiciliario, recurrió a las redes sociales para deplorar la actual situación del país y las recientes acusaciones de narcotráfico dentro del Gobierno y el MAS, incluido Evo Morales, que señaló a oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) como encubridores de ese ilícito.

Soto consideró que mientras el masismo avanza en su proyecto totalitario, con esos claros rasgos de convertir a Bolivia en un narcoestado, la juventud boliviana como la RJC sigue siendo perseguida, amenazada y atacada.

“Quien sabe si después de esto, de decirles sus verdades, capaz me inicien otro proceso, pero no importa, porque ya estamos hasta acá (señala la frente) de ver tanta porquería que pasa en nuestro país”, señaló mediante una trasmisión de Facebook.

La joven cochabambina también identificó a la ONG de Estados Unidos AIN como parte del montaje que se realizó en contra de ellos, con falsas narrativas que incluso llegaron a ser tomadas en cuenta por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) que catalogó a la resistencia cochala como un “grupo irregular” e incluso “terrorista”. Esa situación, acotó, la coloca a ella y a los otros miembros de la RJC en un estado de estigmatización a nivel internacional. “El GIEI nos hace un daño irreparable”, concluyó. (Visor21)