El abogado Maximiliano Mendoza que patrocina a los militares explicó el jueves que se optaría por el procedimiento abreviado sin reconocer el delito de robo con el fin de lograr una expulsión del vecino país, empero Santistevan aclaró que no existe esa figura en la legislación chilena.

“Irse a un proceso abreviado sería asumir el delito, el acogerse al proceso abreviado implica la disminución de la sanción pero no los delitos que se le atribuye, por lo tanto estarían reconociendo los cargos, no como manifiesta el abogado chileno”, aclaró.

Santistevan recordó la humillación y el maltrato al que fueron sometidos los connacionales la madrugada del 8 de septiembre y que por ello no se debería llegar a ningún tipo de acuerdo, sino más bien denunciar el hecho.

“No olvidemos que hay un militar con herida de bala de calibre militar en un antebrazo que se está recuperando en una clínica de Oruro, hay otro, el más antiguo, que ha sido golpeado en la cabeza y producto de ello tiene dos heridas con cuatro puntos cada una, además de un corte con arma punzocortante en uno de los muslos, esos hechos también deben ser denunciados porque hubo una flagrante violación a los derechos humanos”, dijo el jurista.

Santistevan aseguró que lo ocurrido la madrugada del 8 de septiembre es una humillación para el Estado y lamentó que el Gobierno “no esté haciendo nada” para defender a los militares que fueron aprehendidos en cumplimiento de su deber.

“La humillación que les hicieron a los militares al someterlos como a delincuentes vulgares sin tomar en cuenta su condición, los carabineros chilenos lo hacen en agravio al Estado boliviano”, recordó.

Por otro lado, manifestó que en las relaciones exteriores debe aplicar la diplomacia directa para suspender esa extrema medida sin perjuicio de aplicar otro método más que es el de la “investigación” bilateral entre ambos países y dejar esclarecido debidamente el impase entre personal de ambos estados; bisando en todo momento la suspensión de esa medida extrema como la detención preventiva de tres meses.

PROCESO ABREVIADO

El abogado que patrocina a los militares dijo que se acercará a la Fiscalía chilena para iniciar una negociación.

“Lamentablemente sí, traspasaron a territorio chileno. Eso es un hecho que no se puede discutir, que es lo que vamos a tratar de negociar con el Ministerio Público respecto a un procedimiento que sea diferente a un juicio oral y sea un procedimiento abreviado y sea una expulsión”, informó Mendoza en entrevista con la red Erbol.

El abogado explicó que esta salida de procedimiento abreviado no significa que los uniformados admitan que cometieron el delito de robo, como se los imputó en el vecino país.

Apuntó que ya tomó contacto con la Fiscalía de ese país y que se buscará la apelación a la decisión del juzgado de Pozo Almonte, que decidió detención preventiva para los militares por 90 días en el penal de Alto Hospicio.

Según testimonio de los militares, antes de su aprehensión estaban en una operación de persecución a contrabandistas que ingresaron al país desde la localidad de Pisiga Choque, en el lado chileno.

La madruga del 8 de septiembre fueron aprehendidos por carabineros chilenos a un kilómetro y medio de la frontera. Los denuncian por robo, pero según la defensa, ellos atraparon un vehículo que pasó a Bolivia y estaba sin placas.

La sanción para los tres militares sería la expulsión de Chile. Sin embargo, el fiscal chileno Hardy Torres afirmó que la investigación debe seguir y que se debe cumplir el plazo de detención preventiva. Además, descartó que haya una negociación diplomática en este caso.