“Los resultados del programa serán presentados y discutidos con las organizaciones sociales, Asamblea Legislativa Plurinacional y demás actores relacionados en una Cumbre Nacional de Justicia a desarrollarse en 2022”, dijo Arce.
La reforma fue iniciada en noviembre de 2020 con un paquete normativo que fue modificado y redactado para superar los problemas más urgentes al interior de la administración de la justicia, como es la mora procesal y la corrupción.
“Existen acciones concretas que buscan la Reforma de la Justicia, se aprobó la reforma a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra la Corrupción, que busca combatir la retardación de justicia y el prevaricato de jueces y fiscales”, dijo.
Destacó la promulgación del Código Niña Niño Adolescente para adopciones ágiles y seguras, asimismo el anteproyecto de ley para modificar la Ley 348 Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Manifestó que se avanzó en la modernización y automatización de los procesos administrativos para prescindir de los papeles y avanzar hacia la digitalización de la justicia, a través de la aplicación intensiva de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Arce remarcó que se viabilizó -junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, la visita del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos de violencia acaecidos entre septiembre y diciembre de 2019, durante el movimiento golpista de ese año.
“Tenemos el mandato de Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y graves violaciones de derechos humanos. Para obtener justicia dentro de un debido proceso y bajo los principios de objetividad y transparencia viabilizamos junto a la CIDH el informe del GIE que verificó esos delitos perpetrados”, apuntó.