La autoridad refirió que se están adhiriendo al caso investigado por el Ministerio Público porque es necesario dar con los responsables y sancionar como corresponda.

Por otro lado, aclaró que hacen controles permanentes para evitar este tipo de situaciones y en algunos casos trasladan a los internos de un recinto a otro, en caso de ser necesario. Aseguró que constantemente son sancionados algunos funcionarios por algunas irregularidades, aunque esos casos no siempre salen a la luz.

“Lo que nos interesa es la verdad de los hechos y que se llegue a dar con los responsables porque debe haber justicia porque no deben pasar este tipo de hechos en ningún centro penitenciario. Nos interesa saber todas irregularidades que hay, por eso hemos habilitado una línea de WhatsApp para que las denuncias sean directas”, dijo.

Limpias acotó que los diferentes penales son también monitoreados por instituciones como la Defensoría del Pueblo o el Servicio de Prevención contra la Tortura (Sepret) y en caso de alguna irregularidad hacen el seguimiento hasta que se llega a una solución.

Apuntó que en los centros penitenciarios se respetan los derechos humanos de todos los privados de libertad, por ellos todas las denuncias que llegan son atendidas con prontitud.

Aclaró que el conducto regular es que las denuncias se la hagan al director del centro penitenciario, por ello instruyeron al nuevo director del penal de Chonchocoro revisar la cantidad de las denuncias y si hay algunas que no fueron atendidas.

INVESTIGACIÓN

Por la muerte de Cristofer Q. se inició una investigación contra dos policías y cuatro reclusos de la cárcel de San Pedro de Chonchocoro.

Cristofer murió tras ser torturado presuntamente por el teniente Wilson P. A., quien le habría propinado una brutal paliza.

Según el informe del Sepret, la agresión se repitió la noche del sábado y al día siguiente el recluso apareció muerto en una celda, por ello pidieron iniciar de oficio una investigación contra el funcionario por el delito de vejámenes y torturas infligidos al privado de libertad.

SIN IDENTIDAD

Sobre la falta de documentos de identidad de Cristofer, Limpias manifestó que él ingresó con otro nombre y que había problemas en sus apellidos, empero es un extremo recurrente porque muchos privados de libertad al momento de ser detenidos dicen que no tienen documentos y dan un nombre falso o cambian los apellidos.

El problema lo tienen cuando se tramita su libertad, porque allí hay una exigencia de documentos.

“Cuando se identifica a un privado de libertad indocumentado, lo que generalmente se hace es llamar al Segip (Servicio General de Identificación Personal), al Serecí (Servicio de Registro Cívico) y salen con permiso judicial para que vayan a tramitar sus documentos”, explicó.