Justicia ordena anotación de bienes de López y Murillo
“Entiendo yo que se va a emitir oficios correspondientes a diferentes instituciones a los efectos no solamente de hacer congelamiento de cuentas, sino también de la anotación preventiva de bienes que estarían registrados a nombre de estos coimputados”, manifestó el fiscal del caso, Junior Flores.
A la audiencia de medidas cautelares estaba programada para las 10.00 horas de ayer se presentó un abogado que patrocina a Murillo y López.
REBELDÍA
Castro precisó que la rebeldía se determinó a solicitud de diferentes carteras de Estado como la Procuraduría y Ministerio Público, según información de Erbol.
“Hoy se ha llevado una audiencia cautelar con referencia al caso gases lacrimógenos, en el cual, la autoridad jurisdiccional, previa revisión de los elementos, de los actuados procesales, ha dispuesto emitir una resolución de declaratoria de rebeldía en contra de Arturo Murillo y del coimputado Luis Fernando López”, informó Flores.
Flores explicó que la medida tiene el efecto de que la investigación proseguirá en ausencia de las dos exautoridades a fin de esclarecer el caso.
El representante del Ministerio Público anunció que citarán a más testigos e involucrados en este caso para que presten declaración informativa, además se realizarán pericias al proceso de compra de los agentes químicos y otros actos investigativos pendientes.
Los exministros son investigados por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros, debido a la compra irregular de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Áñez.
DATOS
En mayo pasado, el Departamento de Justicia estadounidense aseguró que Murillo estaba detenido acusado por lavado de dinero y sobornos.
Murillo, su exjefe de Gabinete, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, y los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld fueron arrestados en Florida y Georgia.
El informe del agente Jonathan Eades del departamento de seguridad doméstica o interna de Estados Unidos (Homeland Security- HSI) fue remitido el día 20 de mayo a la Corte de Distrito del sur de La Florida, donde se dictará un fallo que podría derivar en 20 años de cárcel para los culpables.
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