La Defensoría advirtió la ausencia de la fiscal del caso, Pilar Díaz, en la audiencia de medidas cautelares, realizada el sábado, por lo que remitirá requerimientos de informes escritos al Ministerio Público, además de solicitar la remisión de antecedentes por su conducta negligente.
Asimismo, la institución defensorial aseguró que solicitará al Consejo de la Magistratura que ejerza control y fiscalización al desempeño de los jueces y, se determinen las sanciones que correspondan en este caso.
De acuerdo con el Tribunal Primero de Sentencia Penal, se dio curso a la cesación a la detención preventiva del imputado porque quedó desvirtuada casi la totalidad de los riesgos procesales, sobre todo el “peligro efectivo para la víctima”, debido a que las hijas ahora son mayores de 18 años y ya no se encontrarían en situación de vulnerabilidad.
El proceso penal instaurado contra Sandro Z. C. se encuentra con auto de radicatoria, emitido por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, desde el 1 de enero de 2021 y con remisión de pruebas de cargo por el Ministerio Público desde el 8 de marzo 2021; sin embargo, hasta la fecha no se instaló la audiencia de apertura de juicio oral por la reiterada suspensión de audiencias por parte de las autoridades jurisdiccionales.
“Ambas víctimas no fueron únicamente agredidas sexualmente por el padre, sino también por el abuelo paterno, Guido Z. C., quien se encuentra prófugo y declarado en rebeldía desde 2019. Por todas estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo observa la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual, y exige a las autoridades cumplir con la protección constitucional debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas”, manifestó la delegada defensorial de La Paz, Teresa Subieta