La expresidenta Jeanine Añez enfrenta siete procesos, tres en la vía ordinaria, y espera la respuesta de la Asamblea Legislativa por cuatro requerimientos acusatorios en su contra para un juicio de responsabilidades. El dictador Luis García Meza fue sentenciado a 30 años de cárcel en un caso de Corte y le iniciaron dos procesos penales que no prosperaron.

El abogado Luis Guillén que patrocina a la expresidenta Jeanine Añez informó a EL DIARIO que debido al cuadro delicado de salud de su patrocinada, el pasado viernes presentaron dos solicitudes de cesación a la detención preventiva, para que pueda defenderse en libertad o con detención domiciliaria.

PROCESOS CONTRA AÑEZ

El primer proceso que enfrenta Añez es a denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por un supuesto golpe de Estado, donde está imputada por sedición conspiración y terrorismo. Por este caso, la jueza Regina Santa Cruz ordenó, el 14 de marzo de 2021, la detención preventiva de la expresidenta en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

El otro proceso es a denuncia de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, también por el supuesto caso golpe de Estado. En este caso, la expresidenta fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y enviada con detención preventiva, por seis meses al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, computables desde el 3 de agosto de 2021.

Otro proceso que se le sigue en la vía ordinaria es el iniciado por la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), por un presunto nombramiento ilegal, en este caso Añez prestó su declaración informativa empero no fue imputada aún. En criterio de Guillén este proceso debería ir a un juicio de responsabilidades.

JUICIO DE RESPONSABILIDADES

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió el pasado jueves a la Asamblea Legislativa (AL) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta por las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

El requerimiento acusatorio contra la exmandataria fue presentado por la Fiscalía al TSJ hace dos semanas por los delitos de genocidio, lesiones graves, leves y lesión seguida de muerte.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, recordó que es el cuarto pedido de juicio de responsabilidades contra la exmandataria, los otros tres están relacionados con: el crédito del Fondo Monetario Internacional, la ampliación del contrato con Fundempresa y los decretos supremos para el confinamiento durante la primera ola de covid-19.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, adelantó que el tratamiento de un posible juicio de responsabilidades podría darse a mediados de septiembre, debido a la agenda de la Comisión Mixta de Justicia Plural en estos temas.

GARCÍA MEZA

El abogado que patrocinó a García Meza, Frank Campero, manifestó a EL DIARIO que su defendido enfrentó dos procesos en la vía ordinaria y uno en juicio de responsabilidades por los delitos de asesinato, homicidio y otros. El proceso de Corte concluyó con una sentencia a 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.

El jurista apuntó que su cliente fue sentenciado por el delito de asesinato a Marcelo Quiroga Santa Cruz, Alberto Vega Yapura y Carlos Flores. Fue condenado por el delito de homicidio por los hechos registrados el 15 de enero de 1981, cuando efectivos paramilitares torturaron y terminaron con la vida de ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en la calle Harrington de la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz.

Campero recordó que el juicio de responsabilidades contra García Meza inició en 1984 y fue paralizado hasta 1991 cuando Jaime Paz Zamora asumió la presidencia, y concluyó el 21 de abril de 1993 con la lectura de la sentencia.

Una vez que se emitió la sentencia, el Estado inició la búsqueda del general con orden de captura internacional, sin muchos resultados. García Meza se encontraba en Brasil con unos familiares, uno de ellos fue a La Paz y asistió a una reunión en la que comentó que él estaba en el país vecino.

“En esa reunión estaba un izquierdista, del lado mirista, a partir de ahí le hacen el seguimiento y el 15 de abril de 1994, un año después de haberse dictado la sentencia en la Corte Suprema de Justicia lo capturan en Brasil”, recordó el jurista.

Dos años después, el 15 de marzo de 1995, García Meza fue repatriado a Bolivia. La extradición tardó un año, empero cuando llegó al país fue trasladado directamente al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.

A partir de 2013, debido a su delicado estado de salud, su edad avanzada y los recursos jurídicos presentados, García Meza cumplía su pena en el Hospital de Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) hasta su fallecimiento el 30 de abril de 2018.

DEFENSA EN LIBERTAD

Campero recordó que el dictador se defendía en libertad, incluso asistió a la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre, a prestar su declaración informativa, de la cual salió sin problemas.

“García Meza se defendió en libertad como dictaba el anterior Código de Procedimiento Penal, tenía el caso de Corte, por lo tanto debía esperar a que el Parlamento dé la autorización para que pueda ser juzgado. Él seguía dando conferencias de prensa de civil, caminaba por las calles de la ciudad de La Paz, etc.”, dijo.

Después de haber declarado, y al ver que no había orden alguna de aprehensión, García Meza fue denunciado por robo presuntamente de los diarios de guerrillas del argentino cubano Ernesto Che Guevara, proceso por el que emitieron un mandamiento de aprehensión.

“Supuestamente él o uno de sus edecanes habría vendido el libro del Che a un museo inglés y por esa denuncia sacan una orden de captura, por eso, en 1988 sale del país y decide irse hasta Israel, Europa y otros lugares hasta terminar en Brasil. Él tenía orden de captura no por el juicio de responsabilidades por el golpe de Estado del 17 de julio (1980) sino por el robo del diario del Che”, aclaró Campero.

Por el caso de robo, el Órgano Judicial sentenció a uno de los edecanes de García Meza porque encontró responsabilidad en su contra.

En 2009 iniciaron un segundo proceso en la vía ordinaria por el delito de enriquecimiento ilícito, el que se extinguió por la muerte del exgeneral.

Campero explicó que para este caso plantearon un incidente y la jueza a cargo aseguró que era un proceso común y no merecía caso de Corte, por lo que hicieron una apelación que subió a un superior en grado y hasta hoy no se conoció una respuesta.

“Me interesa mucho que emitan algo con el caso de la expresidenta Jeanine Añez porque si se van a contradecir en que la quieren procesar por caso de Corte, a todos los expresidentes tendrían que seguirles esa misma línea. Si la van a considerar como presidenta, deberían empezar por el caso de Corte, sino estaríamos entrando en un antinomia jurídica en la cual en unos casos hacen una cosa y en otros otro, habría un caos institucional y jurídico”, dijo.

OTROS PRESIDENTES

El periodista Iván Rada manifestó a EL DIARIO que casi todos los expresidentes de la era democrática contemporánea enfrentaron en su momento procesos, pero ninguno llegó a juicio de responsabilidades. También remarca que el maltrato que recibe Jeanine Añez es una muestra de la manipulación política del sistema judicial.

“Es llamativo que una presidenta que gobernó Bolivia por 363 días tenga todos estos procesos en su contra, mientras el gobernante de 14 años seguidos no lleve ni una multa de tránsito; es decir, Añez está enfrentando toda la vendeta judicial del poder político que hoy retomó el Movimiento al Socialismo (MAS). Es evidente que esto es venganza, no es justicia”, expresó Rada.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que gobernó el país entre julio de 2005 y enero de 2006, enfrentó la acusación por la entrega de 30 misiles chinos a Estados Unidos. Del caso, el exmandatario fue exonerado de ir a un juicio de responsabilidades en 2011, por decisión de la Comisión Mixta de Justica Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que solo acusó al exministro de Defensa, Gonzalo Méndez.

Un año después se incluyó a una decena de ex jefes militares y civiles en el juicio que duró hasta 2017, cuando Rodríguez Veltzé ya era agente marítimo ante La Haya y embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos.

En tanto, en 2018, Evo Morales decidió conceder amnistía a los expresidentes Quiroga y Mesa, que enfrentaban procesos por los casos Petrocontratos y Quiborax, respectivamente. La decisión del entonces mandatario, mediante Decreto Presidencial 3682, fue para no “entorpecer la demanda marítima” que desde 2013 se trataba en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En el caso Petrocontratos, la amnistía de Morales no benefició a Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre quien el Tribunal Supremo de Justicia declaró proceso en rebeldía. En tanto, del caso Quiborax se evidenció un millonario pago desde el gobierno de Evo Morales que se trató de responsabilizar a Mesa, pero al final todo quedó en una polémica mediática de alto nivel.