El legislador denunció que el juez del Juzgado Cuarto de Partido y Seguridad Social en Santa Cruz, Remberto B. es el esposo de Dolka Gómez y el juez del Juzgado Primero de Ejecución Penal de La Paz, Rafael A., es hermano de Gonzalo Alcón.

“El hecho de que estos magistrados tengan familiares que ejerzan como juez es una causal de renuncia tácita. Tanto el esposo de Gómez como el hermano de Alcón están percibiendo sueldos, cada uno ha recibido 618.062 bolivianos a la fecha, ambos suman más de un millón de bolivianos que tienen que devolver”, dijo Gutiérrez.

El legislador precisó que la denuncia remitida al presidente de la Cámara de Diputados el 4 de marzo de 2021 debe ser enviada al Comité del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y se proceda conforme a ley.

Para el efecto, Gutiérrez manifestó que la Asamblea Legislativa debe solicitar al Servicio de Registro Cívico (Serecí) el certificado de matrimonio de Dolka Gómez y los certificados de nacimiento de Gonzalo Alcón y su hermano.

“Requerimos a la Unidad de Archivo de la Asamblea Legislativa extender una fotocopia certificada de la declaración jurada de incompatibilidades para el ejercicio como consejeros de la Magistratura. Asimismo requerimos del Consejo de la Magistratura los files personales y resoluciones de designación de Remberto B. y Rafael A.”, precisó.

Asimismo, dijo que están solicitando un informe de la Dirección Nacional de Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura, sobre los procesos disciplinarios que tienen tanto el esposo como el hermano de los magistrados.

“Estamos solicitando a la Asamblea Legislativa una copia legalizada de la hoja de vida de ambos consejeros”, apuntó.

Por otro lado, dijo que como prueba de la denuncia ofreció la declaración informativa de los consejeros Omar Michel, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, el exdirector nacional de Recursos Humanos, Vicente Cuéllar; exjefe nacional de Evaluación y Escalafón, Gabriel Oliva y los presuntos familiares.

Fuentes extraoficiales informaron que presuntamente el hermano de Alcón renunció al cargo de juez. Este medio de comunicación quiso escuchar la versión del Consejo de la Magistratura de La Paz, lamentablemente no lo pudimos concretar ya que la secretaria del representante distrital nos mandó a decir que por la pandemia no se podía ingresar a esas dependencias.

Extraoficialmente se conoció que los esposos de las asistentes de Dolka Gómez y Gonzalo Alcón también fueron designados como jueces, en la misma gestión.

Este medio buscó la contraparte de los denunciados pero ninguno contestó las llamadas.

NORMA

La Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial

Artículo 178. (Incompatibilidad)

I. Son causales de incompatibilidad para el ejercicio de la función de Consejera o Consejero de la Magistratura, además de las señaladas en el Artículo 239 de la Constitución Política del Estado, las siguientes:

1. El ejercicio de cargos públicos o privados, administrativos o sindicales, remunerados o no;

2. El ejercicio de la función docente;

3. Desempeño de funciones directivas en asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, sociedades comerciales de cualquier naturaleza y con el ejercicio de la profesión; y

4. El parentesco consanguíneo y de afinidad hasta el segundo grado, con vínculos de adopción o espiritual provenientes del matrimonio o bautismo.

OTRAS DENUNCIAS

Contra los consejeros Omar Michel, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, existe un juicio de responsabilidades por la designación ilegal de 169 jueces en todo el país - de acuerdo al exdiputado Amilcar Barral - con pruebas, documentos, testigos y víctimas múltiples, cuyo monto de extorción y cobros irregulares suman dos millones de dólares, aproximadamente.

“Este proceso llegó hasta la emisión de informe de imputación formal, aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia Plural, en septiembre de 2020, actualmente tiene una apelación pendiente, porque la Comisión de Constitución de forma irregular benefició a los consejeros tratando de anular obrados en más de una oportunidad”, explicó Barral a EL DIARIO, en una entrevista anterior.

Barral apuntó que la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Publico, de la gestión 2019 – 2020, evidenció que en fecha 11 de octubre de 2019, se designó como juez de Instrucción Penal de Cochabamba a Wilson G. S. P., quien tiene sentencia N° 47/2019 de 30 de julio de 2019.

Asimismo, refirió que en fecha 10 de octubre de 2019, se nombró al abogado Freddy G. Ch. C., como juez de Instrucción Penal de El Alto, actualmente, sometido a un proceso penal en su contra por soborno a víctimas de feminicidio, cohecho, falsedad material e ideológica.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó a Ana A. Q. C., como juez Público Civil de Oruro, quién es la esposa del actual asesor de Presidencia del Consejo de la Magistratura, Rafael P. T. L.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó como juez Público Mixto Civil y Comercial, de Santa Cruz, a Julio C. G. C., quien fue destituido como juez disciplinario del Distrito Judicial de Pando.

Asimismo, Barral en coincidencia con el exlegislador, Víctor Borda, refirió que designó a los peores calificados, reprobados, a los que ocuparon el quinto, sexto y séptimo lugar, excluyendo a los mejores calificados.

Entre otras irregularidades cometidas por los consejeros está el traslado de jueces de provincia a capital, de forma discrecional y la designación de “amigos y funcionarios del Consejo de la Magistratura” como jueces.

Barral recordó que en septiembre de 2020, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, aprobó, por unanimidad, el informe preliminar, Cmpdle N° 11/2019-2020 de imputación formal, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, previstos en los artículos 146, 147, 151, 154 y 157 del Código Penal, contra Gonzalo Alcón Aliaga y Dolka Vanessa Gómez Espada, con daños económicos al Estado que superan los dos millones de dólares, con víctimas múltiples, provenientes de cobros por venta de cargos y otras extorciones.

El 27 de noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, instauró un juicio de responsabilidades contra los tres consejeros por el delito de incumplimiento de deberes.

El Ministro de Justicia cuestionó en reiteradas ocasiones el trabajo de los consejeros, debido a que no cubrieron oportunamente las acefalías en el Órgano Judicial y por el nombramiento de jueces, sin respetar la meritocracia.

Por otro lado, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Elizabeth Cornejo, Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, emitieron un auto de medida cautelar que deja sin efecto el artículo 39 de la Ley 612, que evita juicios de responsabilidades contra autoridades y la suspensión de los Consejeros de la Magistratura.

Al respecto, en una conferencia de prensa del 27 de noviembre, el ministro Lima explicó que el TCP levantó una medida cautelar que impedía la prosecución de los procesos contra altas autoridades judiciales, empero el exdiputado Víctor Borda explicó que no se conoce un pronunciamiento oficial respecto a este recurso.

“En este momento, jurídicamente no podemos suspender a ningún magistrado aun sea corrupto, excepto que tenga una sentencia ejecutoriada. Tiene que haber una resolución donde la comisión de ejecución deje sin efecto esa medida cautelar o resuelva en el fondo, rechazando esa consulta constitucional que se hizo, pero hasta ahora yo no conozco un pronunciamiento oficial, más que la versión del ministro Lima, pero en el ámbito legal lo que cuenta son los papeles”, dijo Borda en entrevista anterior con EL DIARIO.