La madrugada del 8 de septiembre, un teniente, un subteniente y un sargento segundo del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando fueron aprehendidos en el sector de Pisiga Choque de Colchane, tras haberse introducido al menos un kilómetro en territorio chileno. Los uniformados portaban dos fusiles FAL y dos pistolas 9 milímetros, ambos dotación de las Fuerzas Armadas, según manifestó Santistevan.

El jurista precisó que los militares debieron ser juzgados por las leyes bolivianas en concordancia a los principios de territorialidad, nacionalidad y domicilio en conformidad al derecho y a tratados internacionales.

“Los militares deben ser investigados y procesados con la justicia boliviana porque ellos estaban en funciones de seguridad del Estado aplicando una normativa basada en una política de Estado, como es la lucha contra el contrabando”, apuntó Santistevan en contacto con EL DIARIO.

Aseguró que en aplicación a la declaración de Manila, el Gobierno boliviano tenía dos métodos diplomáticos para defender a los connacionales desde el primer instante que fueron detenidos. Uno de ellos –dijo– era entablar un acercamiento de entre los representantes del Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores con sus pares chilenos, para una negociación directa.

“Otro método diplomático es una investigación conjunta que se establece de manera imparcial en el esclarecimiento de los hechos de manera que ante la presunción de responsabilidades, estos deberían ser entregados al país para su procesamiento y juzgamiento y no abandonarlos como lo hizo ahora Bolivia. Por su parte, Chile con absoluta libertad y en franca arbitrariedad decide procesarlos por encima de los tratados internacionales”, aseguró.

AFRENTA

Para Santistevan, la detención de los militares es una afrenta a nuestro país y tiene un tiente altamente político y que el gobierno chileno del presidente Sebastián Piñera sacará provecho para subir o mantener su perfil político.

“Vemos que hay antagonismo entre ambos estados dada las ideologías políticas contrarias que está perjudicando políticas de Estado, por ejemplo, en Bolivia dificulta e impide el desmantelamiento, control e interdicción de la mafia internacional que opera en la frontera entre Chile y Bolivia y que a la vez ya ha superado la capacidad del actual gobierno para reducirla”, aseguró.

En ese marco, aclaró que en un balance de “poder” en esa frontera, Chile es el aventajado porque tienen mejor tecnología, mayor cantidad de presencia de carabineros y militares en la región y el control de su territorio incluyendo los 36 pasos clandestinos que en su criterio, no les conviene cerrar porque ellos se benefician económicamente de todo cuanto pueden poner en la frontera con Bolivia a través de contrabandistas y la poderosa mafia que opera en esa región altiplánica.

SIN REPRESENTACIÓN

El jurista lamentó que no se haya notado la presencia del Estado en la audiencia y que hasta la fecha se conozca solo la versión oficial de la justicia chilena y no de una comisión jurídica boliviana que tendría que haber apoyado al abogado que patrocinó a los connacionales.

“El representante legal de las Fuerzas Armadas (FFAA) o ministerio del ramo es el que debió conformar un equipo de juristas para defender a los militares y no lo hizo”, dijo.

El pasado jueves, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, afirmó que los tres militares bolivianos detenidos en Chile cumplían tareas en la lucha contra el contrabando y descartó que hayan pretendido robar un vehículo como se denuncia en el vecino país.

“El robo creo que es una declaración muy exagerada de parte de los medios de comunicación de Chile, no es así, se está demostrando que los efectivos militares sí son componentes del Comando Estratégico y estaban en operaciones de interdicción en la lucha contra el contrabando”, afirmó.

AUDIENCIA

La juez de Garantías de Pozo Almonte, Daniela Gutiérrez Albornoz, dio curso ayer a la petición de la Fiscalía de Tamarugal y dispuso la detención preventiva por 90 días de los tres militares bolivianos en el penal de Alto Hospicio, mientras se realizan las investigaciones por delitos de robo de vehículos particulares e intimidación con armas de fuego en territorio extranjero.

Gutiérrez consideró válidos los argumentos del fiscal jefe de Tamarugal, Hardy Torres, quien indicó que una posible libertad de los detenidos constituye un peligro para la sociedad chilena. El abogado que patrocinó a los bolivianos pidió una detención domiciliaria en el consulado boliviano en Tarapacá y el pago de una fianza a calificarse porque no fueron delitos sino incidentes cometidos en el cumplimiento de una misión de lucha al contrabando.

La juez indicó que los militares tenían pleno conocimiento que estaban ingresando de manera ilegal a territorio extranjero y la prueba son los reportes en audios que enviaron a través del WhatsApp a los superiores en Bolivia.

“Se rechaza las peticiones de la defensa, se estima que la libertad de los imputados, efectivamente, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y se encuentra suficientemente fundado y hay presupuesto material que habilitan a una medida cautelar, estimándose que esta es una medida idónea para garantizar los fines de procedimiento y porque además es la que ha establecido nuestro legislador para este tipo de casos. En razón de aquello se hace lugar a los pedidos de la Fiscalía y se rechazan las peticiones de la defensa”, dijo en su resolución final.

El abogado patrocinador de los bolivianos, Christian Castro, afirmó que las supuestas víctimas intentan aprovecharse de su propio dolo y que tienen antecedentes policiales en Bolivia.

Aseguró que bajo ningún punto de vista se trata de un delito de robo, sino una acción propia de los militares bolivianos en su misión de luchar al contrabando.

Dijo que los vehículos perseguidos estaban bajo sospecha de contrabando hacia Bolivia, por tanto “no son delitos” los actos que habrían cometido, sino incidentes de ingreso ilegal en actividad de persecución a personas que cometían delito de contrabando.(EL DIARIO y Erbol)