Imputan al exdirector del Ministerio de Gobierno
Los cargos en su contra son por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública y contra el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions.
Dentro del proceso también se incluyó al exfuncionario Bryan S. B., por los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito.
Ambas personas estarían vinculadas en la solicitud y adjudicación de la empresa Bravo Tactical como intermediaria en la compra del equipo antidisturbios el 2019.
Los principales acusados en este caso son los exministros de Gobierno, Arturo López, y de Defensa, Fernando López. Investigaciones efectuadas por el Ministerio de Gobierno dan cuenta que existió un sobreprecio de 2,3 millones de dólares en la adquisición del material antidisturbios, mismos que habrían sido distribuidos entre exautoridades del régimen transitorio.
Cursa información que acorde a los informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos en Florida contrastada con los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), “se ha podido trazar la ruta de parte del dinero vinculado a la compra de gases lacrimógenos”.
Durante el gobierno de Jeanine Añez, tres Decretos Supremos viabilizaron la compra de dicho material: DS 4090 que autoriza al Ministerio de Defensa a la adquisición excepcional de este armamento no letal, DS 4146 que posibilita la contratación directa en el extranjero y finalmente el DS 4168 que faculta la transferencia de este armamento a la Policía Boliviana.
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