Tras la imputación por el presunto delito de incumplimiento de deberes, en el caso de designación de cargos directivos del sistema educativo, el ministro de Educación, Adrián Quelca, debe renunciar a su cargo, manifestó a EL DIARIO el abogado Abel Loma que patrocina a la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.

En julio pasado, Balderrama presentó una denuncia penal contra Quelca y el exdirector de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística, Agustín Tarifa, por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en relación al presunto “tráfico de exámenes” para cargos directivos en Educación.

Según la denuncia, Quelca presuntamente envió instrucciones mediante WhatsApp a Tarifa para favorecer o perjudicar a determinados postulantes en el proceso de designación de cargos directivos.

De acuerdo con la resolución de imputación formal Nº 108/2021, de fecha 11 de noviembre de 2021, el Ministerio Público acumuló como prueba las conversaciones de WhatsApp entre Quelca y Tarifa, por lo que secuestraron los equipos móviles que serán sometidos a una pericia.

“En una lógica jurídica e investigativa, que él siga de ministro, ya imputado, con absoluta facilidad va a proceder a modificar elementos probatorios (…) nosotros hemos pedido una cantidad enorme de requerimientos fiscales y han remitido solo una parte o información incompleta, sesgada. Si él sigue de ministro, ¿qué imparcialidad habrá en este caso?”, cuestionó Loma.

Apuntó que de seguir en el cargo Quelca obstaculizaría las investigaciones para salir beneficiado.

En la imputación formal, la fiscal Rocío Feraudi refiere que existe el riesgo de obstaculización porque están pendientes las declaraciones de las víctimas y testigos, personas favorecidas en las convocatorias en la fase de calificación de méritos profesionales, etc.

Asimismo, están pendientes las pericias a audios respecto a igualación y comparación de voces.

MEDIDAS SUSTITUTIVAS

El Ministerio Público solicita la detención domiciliaria de Quelca, la presentación cada 10 días a la Fiscalía de La Paz para su registro biométrico y arraigo.

“Lo que está solicitando la Fiscalía es la detención domiciliaria sin ningún tipo de beneficios como las salidas laborales. Están pidiendo también el arraigo y que no se pueda comunicar con víctimas y testigos”, precisó el jurista.

En ese marco, Loma apuntó que como querellantes solicitarán la ampliación de medidas cautelares de carácter personal ya que por el delito que refiere la imputación, corresponde la detención preventiva porque hay una sanción penal de dos a cuatro años.

DATOS

El 12 de octubre, Quelca se presentó ante la Fiscalía y se acogió a su derecho constitucional al silencio.

El 23 de septiembre, Tarifa fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, por cuatro meses, imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

El abogado Loma manifestó que en días precedentes se desarrolló la audiencia de cese a la detención preventiva de Tarifa, extremo que fue rechazado por la autoridad jurisdiccional.