Aclaró que el enfoque principal de las preguntas busca saber si existe documentación o actas sobre las reuniones de entendimientos a las que se convocó durante los conflictos post-electorales de 2019.

“Recibimos un requerimiento fiscal, significa responder unas cuantas preguntas con relación a la labor de pacificación que la Iglesia hizo desde octubre de 2019 más o menos hasta enero o febrero del 2020”, manifestó a radio Loyola.

Centellas recordó a las instancias investigativas de los hechos de 2019 y a los sectores que acusan a la iglesia de haber sido parte del supuesto “golpe”, que el rol de la institución es pacificador, abierto a la defensa de la vida y los intereses comunes del país.

“No actuó de manera unilateral, siempre el accionar fue en consenso con los actores políticos de oficialismo y oposición, sentados en mesas de pacificación”, apuntó.

DATOS

Exautoridades, incluida la expresidenta Jeanine Añez, guardan detención preventiva por un caso de supuesto golpe de Estado. A la fecha no se presentó ninguna prueba al respecto, solo refieren una reunión en predios de la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre políticos, la Iglesia y veedores internacionales, posterior a la renuncia de Evo Morales, donde se habría gestado el movimiento.

Varios protagonistas de las reuniones previas a la sucesión constitucional, descartaron que se haya mencionado a Jeanine Áñez como futura presidenta o que haya logrado el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Mediante su cuenta en Twitter, la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Susana Rivero, se refirió a los documentos que maneja la Procuraduría General sobre el caso de supuesta conspiración, sedición y terrorismo, que es la base para afirmar que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, “gestado” por Äñez y las FFAA, como interpretó el ministro de Justicia, Iván Lima, en una reciente entrevista con radio Deseo.

“Leí memorial de Subprocurador en caso golpe. En él se distorsiona lo sucedido en reuniones 11 y 12 de noviembre 2019. Por mi responsabilidad con Bolivia aclaro que es impreciso afirmar que nos comunicaron que Jeanine sería presidenta y que ya tenía apoyo de FFAA”, escribió Rivero.

Por la oposición participaron los líderes políticos Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, los abogados Jerjes Justiniano, Luis Vásquez, los asesores Ricardo Paz y Roberto Moscoso, y el senador Oscar Órtiz. De la sociedad civil participaron los miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, Rolando Villena y Juan Carlos Núñez.

“El 11 de noviembre, Adriana y Teresa no hablaron nada mientras no se garantizara la vida de Evo y Álvaro. El 12 tocamos procedimientos y dejamos bien claro que no podíamos tocar más temas porque no habíamos hablado con la bancada. A uno de ellos se les salió que tenían plan b (…) Nosotras ni sabíamos cuál era ese plan. Lo vimos recién en la tardecita en la tele como todos, por lo que no pueden insinuarse cosas que no pasaron”, acotó Rivero.

El “plan b” que expresó la oposición fue activar la sucesión constitucional, luego de 48 horas de vacío de poder en Bolivia.

Sin embargo, anteriormente la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) aseguró que Salvatierra, que coordinaba cada acción con el exministro de Justicia, Héctor Arce, había aceptado la sucesión e incluso “invitó” a la Iglesia y veedores a la sesión legislativa del día 12. La Iglesia Católica estuvo presente en la citada reunión de la UCB con sus representantes.

“La bancada del MAS no cumplió el acuerdo alcanzado en la reunión y no se presentaron a la sesión de la Asamblea Plurinacional, en la que fue posesionada la senadora Jeanine Añez como nueva presidente, en virtud de la declaración constitucional 003/2001”, citó el presidente de la CEB, Ricardo Centellas, en un comunicado del pasado 19 de marzo. (EL DIARIO y radio Fides)