El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem Bolivia) y otras instituciones manifestaron que mantener un embarazo infantil forzado es “tortura” y recordó que en un Estado laico como Bolivia, las iglesias “no pueden intervenir”.
El pasado jueves se emitió una sentencia para detener el embarazo, pero la familia de la víctima decidió continuar con la gestación pese a que la niña ya había iniciado el proceso de interrupción.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos”.
Por otro lado, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), coronel José María Velasco, aseveró que la niña proviene de un hogar disfuncional. El padre biológico de la menor se encuentra recluido por vejámenes y toques impúdicos a sus otras hijas.
La familia es de escasos recursos, por eso, la madre y su nueva pareja trabajaban y dejaban a sus hijas al cuidado de su abuelastro. Los abusos se iniciaron en febrero pasado, mientras los progenitores estaban en La Paz y los hijos en Yapacaní.
Ayer, la menor recibió el alta médica y la Iglesia católica confirmó que se llevó a la menor a un centro especializado de la capital cruceña, donde continuará el proceso de gestación, hasta el nacimiento del hijo o hija, que lleva en su vientre.
“La niña recibirá a partir de ahora apoyo sicológico y médico, además de alimentación y vivienda, para que pueda llevar una vida normal y de esperanza”, afirmó a El Deber, Víctor Hugo Valda, delegado episcopal de la Pastoral de la Salud, en la Arquidiócesis de Santa Cruz.