Antonio Aramayo Caballero “ha sido “torturado afirma de forma taxativa el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI). En seis años y seis meses en la cárcel enfrenta 256 procesos, ha sido privado de alimentos, agua, castigado, hasta fue sometido a humillaciones degradantes.

El sistema fiscal y judicial “arbitrario”, por intereses políticos abrió “sin pruebas” 256 procesos en su contra por el desfalco del Fondo Indígena. Su caso es “único” en la historia del país.

Nunca antes en el Estado republicano ni en el Estado plurinacional un ciudadano boliviano había cargado sobre sus espaldas más de dos centenas de procesos. No hay un precedente que se asemeje al caso de Aramayo. Pasará a la historia como la peor “aberración jurídica”.

En seis años y seis meses, ha registrado en su diario su encierro en 56 cárceles, las innumerables veces que fue cautelado, las incontables que no fue notificado, los nombres de jueces, fiscales y abogados que –dice– son sus “verdugos”, por no declararse culpable.

Su calvario comenzó con un caso, que luego se convirtió en 153 juicios. La exinterventora (del Fondo Indígena) Larisa Fuentes y el exdirector de esa institución Eugenio Rojas, le abrieron otro tanto. Sumando 256. Tiene cuatro sentencias, tres condenatorias y una absolutoria.

Aramayo asumió la dirección ejecutiva del Fondo Indígena en septiembre de 2013, ese mismo año advirtió a la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras y presidenta del Directorio, Nemesia Achacollo, de las irregularidades en 1.228 proyectos de un total de 3.462 obras productivas.

El 2014, durante nueve meses investigó las gestiones 2009-2013, en sus hallazgos identificó 153 proyectos que fueron cancelados, pero sin descargos. Entre ellos también encontró proyectos “fantasmas”, es decir, obras que no existían. Elaboró un reporte denominado “informe circunstancial” que fue presentado a la Contraloría General del Estado.

Con estos antecedentes se presentó a la Fiscalía el 2015, confiado de que el Ministerio Público tomaría su declaración como una contribución para el esclarecimiento del Fondo Indígena. No fue así. Ese día fue aprehendido y al día siguiente enviado a la cárcel con detención preventiva, desde ese día está encerrado.

“Pensé que saldría rápido porque yo soy un hombre inocente. Yo era el denunciante y quien investigó el caso”, repite una y otra vez. No imaginó que por decir la verdad el sistema judicial y el Ministerio Público se ensañarían en su contra, comenta en un encuentro rápido el 30 de agosto en el Palacio de Justicia de Santa Cruz donde asistió a una audiencia.

256 PROCESOS EN

SEIS CÁRCELES

En los anales de la justicia quedará registrado el caso de Antonio Aramayo, como un hecho emblemático por los 256 procesos abiertos en su contra. Durante todo el tiempo de su detención estuvo recluido en 56 cárceles y carceletas de los nueve departamentos del país.

Aramayo “vive una situación de tortura”, afirma el responsable del área socio-terapéutica del ITEI, Andrés Gautier. Explica que la tortura es la acumulación de hechos o factores de maltrato y de no respeto a las cuestiones básicas a las cuales tiene derecho cualquier persona privada de libertad.

El 12 de febrero de 2013, la Contraloría General del Estado (CGE) evidenció un daño económico al Estado mayor a 71 millones de bolivianos en el Fondo Indígena. El entonces contralor, Gabriel Herbas, informó que se identificaron “irregularidades” en 153 proyectos desarrollados entre las gestiones 2010-2011.

El caso estalló poco antes de las elecciones subnacionales creando un remezón político, la base social del Movimiento al Socialismo (MAS) fue fuertemente afectada. La larga lista involucraba a dirigentes, candidatos y autoridades gubernamentales en el manejo del Fondo.

La CGE denunció el caso en el Ministerio Público en diciembre de 2014, pero lo hizo público en plena etapa electoral. En la indagación que hizo identificó “responsabilidades penales” contra Elvira Paula Parra, Daniel Zapata y Antonio Aramayo, quienes ejercieron las funciones de directores ejecutivos del Fondo Indígena que funciona con recursos económicos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Parra fue detenida y aún está en la cárcel, Zapata huyó y no se sabe su paradero, Aramayo lleva en sus hombros todo el peso de las “irregularidades” como si hubiera sido el “único funcionario” responsable de la institución.

Aramayo es acusado de tres delitos: conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Las imputaciones y acusaciones en su contra son idénticas, como si las autoridades competentes hubieran hecho copy page (copiar página). No obstante que para mantener los 256 procesos argumentan que cada uno es diferente.

Dirigentes y ministra Achacollo manejaron el Fondo Indígena durante cinco años.

PESO DEL PODER

Mientras el “omnipresente” Antonio Aramayo responde por 256 proyectos de los cuales 244 se realizaron antes que ingrese al Fondo Indígena (2010-2013); la exministra Achacollo, presidenta del directorio donde se aprobaba los financiamientos, responde solo en un proceso.

Exageradamente, Antonio debía responder por observaciones –si existían– en 12 proyectos, 11 que se iniciaron en noviembre de 2014. “En contra posición tenemos a la presidenta del directorio que estuvo desde el 2009 hasta el 2015 en el Fondo y es responsable de 3.698 proyectos incluso aprobados. Y tiene un solo proceso”, cuestiona Héctor Castellón, abogado que patrocina a Aramayo.

“Ese es el absurdo jurídico”, añade en tono de lamento. Argumentan que cada proyecto es un caso diferente, sin embargo, Aramayo no era representante de ningún proyecto, por lo tanto, su responsabilidad no puede ser por cada uno de los 256 proyectos. “Si se pretendía investigar por supuestas irregularidades debía haberse determinado sobre la gestión”, explica.

Aramayo no ejecutaba los proyectos, no recibía recursos económicos por los mismos, sin embargo, es acusado de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, sin que se hubieran probado ninguno de estos presuntos delitos; tampoco incumplimiento de deberes porque fue él quien detectó “irregularidades” en esa institución.

SITUACIONES EMBLEMÁTICAS DE LA TORTURA

Las personas privadas de libertad no pierden sus derechos, solo el derecho a la movilidad, el resto están vigentes. Esto en el país parece un ideal pues -a la inversa de la norma- los fiscales y jueces presumen de la “culpabilidad” y no de la “inocencia”, como manda la Constitución Política del Estado. Este el principio de la tortura.

El ITEI cree que si hubiera sido otra persona y no Antonio Aramayo ya estaría “destrozada” o “muerta”. “¿Cómo se puede vivir en paz o en tranquilidad, si la justicia ha actuado sin fundamento y total ilegalidad?”, se pregunta Gautier y detalla los malos tratos.

Gautier dice que la tortura biológica, que es la privación de ir al baño, no darle de comer o de beber. En sus viajes de una ciudad a otra para asistir a sus audiencias, privilegiaba el alimento para sus custodios, aunque él podía quedarse sin comer.

La permanente descalificación, humillación y estigmatización. Presenciar situaciones peligrosas como la violencia en la cárcel de Pando, cuando le tocó ver un amotinamiento donde al igual que los internos fue obligado a desnudarse y quedar horas echado en el suelo.

En Oruro tuvo que esperar en una celda húmeda horas y horas hasta que se instale una de sus audiencias.

En una oportunidad, se declaró en huelga de hambre y denunció a Achacollo, en su criterio el hecho “molestó” al entonces presidente Evo Morales quien lo acusó de ser un “delincuente”. Esa vez “me cautelaron 14 veces en un mismo día”, recuerda.

“El 7 de enero de 2016, hice una denuncia contra Achacollo y ahí me aislaron otra vez. En cada denuncia que hacía en contra del gobierno de Evo Morales y sus ministros me llovían las cautelares, las notificaciones y los traslados. Son innumerables las veces que fui castigado, aislado a Chonchocoro, El Abra, Palmasola, Mocovi, a Cobija a Villa Buch. Y así, no le daban tranquilidad a mi vida”.

¿Cómo eran esas sus jornadas para asistir a sus audiencias cuando eran presenciales? Un solo ejemplo: El 13 y 14 junio de 2019 le llevaron a Oruro, el 16 a Challapata, el 27 de junio a Trinidad, el 1 y 2 de julio volvió a Oruro, el 4 julio a Santa Cruz, el 8 y 9 a Cobija, el 16 a Oruro, 18 y 19 a Santa Cruz, el 2 de agosto a Oruro, el 8 y 9 a Santa Cruz.

ROSARIO DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS

Su abogado Héctor Castellón describe que vulneraron su derecho al debido proceso, este principio que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana en cualquier tipo de proceso.

Por otra parte, en contra del derecho penal, ninguna persona puede ser perseguido, procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, en el caso de Aramayo hay 256 persecuciones en su contra.

Su acceso a la justicia parece una “fantasía”, desde hace más de cuatro años que no tiene recursos para pagar a los abogados, este hecho limita sus posibilidades a una buena defensa. El doctor Castellón y otros amigos solidarios con su caso lo ayudan en el proceso.

Solo para fotocopias de los cientos de legajos de los procesos en los nueve departamentos se requeriría 5.000 dólares, dice el jurista, para dimensionar que no es posible el “acceso a la justicia” en estas condiciones.

Su situación es tan crítica que en la cárcel vive prácticamente de la “caridad”, aunque suena muy feo, pero es una realidad vive de la gracia de algunos compañeros que se han “apiadado de su condición”.

“Se le ha vulnerado el derecho a la dignidad que tiene todo ser humano, porque Antonio ha sido tratado peor que a un perro y a un objeto”, sostiene su abogado.

LAS NO DESPEDIDAS QUE CAUSAN DOLOR

Pensando que había justicia en el país, no se despidió ni de su madre ni de su padre. No les dio un último abrazo. El mayor dolor es que su papá Andrés murió con la tristeza de ver a su hijo detrás de las rejas, acusado de ser un “delincuente” con 256 procesos.

“Lo más triste de eso y de este tiempo es no poder despedirse de un ser querido porque en la injusticia mi papá Andrés falleció de rabia e impotencia y no pudimos despedirnos”, cuenta con la voz entrecortada y el llanto retenido.

Su mamá Jovita Caballero vive en el Chaco cruceño a 800 kilómetros de Santa Cruz, está enferma y vive prácticamente sola. “Desde entonces, mi mamá está ahí esperándome en el campo, ya son siete años que no le he visto y no puedo darle un abrazo”.

Sueña con un día volver a verla no solo para abrazarla, sino para “pedirle perdón”, siente que la abandonó cuando decidió “trabajar por otra gente creyendo en contribuir a este país que me paga tan mal hasta este momento”, se lamenta.

Durante su encierro se divorció de su esposa y a sus dos hijos nunca ha vuelto a verlos. Tampoco recibe visitas de ellos. Siente que ha perdido todo, que lo único que le queda es su madre y la familia carcelaria.

Se aferra a Dios, ahí deposita su esperanza, esperando que la justicia llegue un día a su vida “destrozada” por los políticos, jueces y fiscales que se han empecinado en mantenerlo encerrado.

LA ESPERANZA DE JUSTICIA

Antonio no se acogió al proceso abreviado que le ofrecieron en varias oportunidades, lo que representaba declararse culpable de los delitos para aminorar su sentencia y salir más rápido de la cárcel.

Aseguró que prefiere seguir detenido cumpliendo una condena “injusta” a reconocer delitos que no cometió, reiteró con firmeza que “no se robó ni un solo centavo” de la institución.

Gautier lamenta que exista toda una categoría de jueces y fiscales que tienen una responsabilidad por la “destrucción de un ser humano”, pero no ve que exista un nivel de conciencia para asumir la situación.

Pide que no se olviden de Aramayo y que se hable de él, porque así se rompe lo que siempre quisieron “que se olviden del caso, que lo dejen en la cárcel en el olvido”, como está sucediendo. Aunque Antonio Aramayo no cree en los jueces ni en los fiscales, no cree en el sistema judicial, no pierde la esperanza que un día resplandezca la “luz de la verdad” en la oscuridad de su situación. “Estoy cuidando mi vida para hacer justicia con dignidad y honor, para que esto no le vuelva a ocurrir a otro ciudadano”.

Su mirada está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice el abogado Castellón. Trabajan en una demanda internacional, porque difícilmente en el país podrá encontrar justicia.

La impotencia hace que rompa en llanto, que esa carga contenida explote “¡Por Dios que soy inocente! Si hubiera robado un centavo estaría pidiendo perdón, porque soy del campo, de padres honestos”, eleva el tono de su voz como queriendo que sus “verdugos” lo escuchen. (ANF)