El 31 de agosto la CIDH envió una carta al canciller Rogelio Mayta en la que le solicita información sobre las medidas cautelares presentadas en favor de la exmandataria, que se encuentra con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz desde el 14 de marzo, imputada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en el caso denominado golpe de Estado.