Después de ser absuelto de una acusación por injurias y difamación que el exgerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Oscar Coca, inició contra el empresario franco-israelí David Cabessa, este denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por vulneración a sus derechos.
De acuerdo a la relación de los hechos, los años 2012 y 2013 Entel, invitó a la empresa de Cabessa, Adm. Technologies S.A., para que exhibiera tecnología americana/israelí de última generación, en el stand de la firma en la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz), donde presentó un Router único que soportaba la banda LTE de Entel (Banda 13700MHZ). Una vez homologados los equipos, Cabessa solicitó autorización para realizar venta directa de equipos al público, y que Entel haga la venta de la Simcard. El gerente de Marketing, Víctor Hugo García, otorgó la autorización, con respaldo del gerente del área, Emilio Evia.
La empresa de Cabessa contaba con tecnología de punta; en ese momento no tenía competencia en el área, y siendo proveedor único, recibió una invitación directa aprobada en reunión del directorio en noviembre de 2013, para la provisión de 5.000 equipos a Entel.
Para legalizar la compra, el 18 de noviembre de 2013, Entel convocó a un proceso de contratación para la homologación de los Routers, invitando a presentarse a todas las empresas bolivianas. Al no haber respuesta a la convocatoria, el 4 de diciembre de 2013, hacen una invitación directa a la empresa de Cabessa, oferta que debía ser entregada, con plazo máximo, hasta el 10 de diciembre de 2013.
Cabessa tenía 500 unidades para entrega inmediata y 4.500 unidades en 2014 toda vez que Entel asignaría ese gasto a dicha gestión. No obstante, el 30 de diciembre de 2013, Coca dispuso la anulación de la adjudicación argumentando que la necesidad de contar con el requerimiento “se ha extinguido”.
Sin embargo, al día siguiente anunció, a través de medios de comunicación, la licitación pública de 10.000 unidades con las mismas características de los equipos “cuya necesidad se había extinguido”.
En enero de 2014 – según la denuncia – Entel adjudicó la licitación con manipulación del proceso por parte de Coca, sin seguir procedimientos administrativos legales, a favor de la empresa china Huawei, cuyos equipos tenían características inferiores a los equipos ya provistos.
Pese a los constantes reclamos de Cabessa, Entel continuó con la adjudicación en favor de Huawei, “con graves indicios de corrupción que el peticionario denunció públicamente”.
Durante los siguientes años, Cabessa realizó en reiteradas oportunidades y por distintas vías reclamos a Entel y a su gerente general Oscar Coca, por el perjuicio ocasionado.
El año 2017, Cabessa realizó denuncias, a nivel nacional e internacional, por estos y otros actos de corrupción en Entel, y Coca le inició una demanda por difamación, calumnias y propalación de ofensas.
“Coca Antezana, quien utilizando su influencia política con el gobierno del expresidente Evo Morales, infringió represalias y actos de intimidación a través de la utilización y manipulación arbitraria de agentes estatales, de la Policía que iniciaron una persecución ilegal que resultó en amenazas, hostigamiento y finalmente en detenciones irregulares vulnerando las normas del debido proceso”, se lee en una parte de la denuncia.
ABUSO DE PODER
Cabessa asegura que fue víctima de coacción, amenazas, hostigamiento y todo tipo de persecución resultante del abuso de poder de Coca, quien utilizó su influencia política en los más altos niveles del Gobierno, en la Policía y el sistema judicial con el propósito de amedrentarlo y perseguirlo judicialmente, logrando de esta forma la impunidad sobre los hechos denunciados.
Denunció que fue detenido ilegalmente en dos oportunidades por parte de funcionarios policiales, mediante operativos con armas de fuego y una fuerza desproporcionada, con vehículos oficiales y no oficiales alquilados por Entel.