Después que el fiscal Miguel Aramayo anunciara que se emitió una alerta migratoria contra el exalcalde de La Paz Luis Revilla, a solicitud de Jesús Vera, abogados consultados por EL DIARIO manifestaron que se vulnera el debido proceso y los derechos constitucionales del exmunícipe, que ni siquiera fue convocado a declarar por el presunto sobreprecio en la adquisición de buses PumaKatari.

El abogado Eduardo León aseguró que ni el Código de Procedimiento Penal (CPP) ni la Constitución Política del Estado (CPE) reconocen la figura de “alerta migratoria”, sino el arraigo como una medida cautelar.

“Sería bueno que algún fiscal nos señale en qué parte de la CPE o del CPP habla de una alerta migratoria porque esa figura existe solo en un decreto firmado por Arturo Murillo y un decreto no puede estar por encima de una ley y menos de la CPE, por lo tanto es un caso abiertamente ilícito lo que ha cometido el fiscal”, advirtió.

El abogado Omar Durán aseguró que la alerta migratoria contra Revilla es una vulneración al debido proceso establecido en el artículo 115 de la CPE, porque en cualquier caso primero se debe dar mínimamente una declaración del denunciado.

El fiscal Aramayo aclaró ayer que el autonombrado presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jesús Vera, denunció a Revilla por un presunto sobreprecio en la adquisición de 60 buses PumaKatari.

Consultado por la emisión de la alerta migratoria sin antes tomar la declaración de Revilla y otros cuatro exfuncionarios municipales, el fiscal precisó que el Ministerio Público tiene la potestad de poder solicitar la anotación preventiva o la alerta migratoria una vez que se conoce la denuncia.

“La junta de vecinos ha solicitado dicho requerimiento y se ha evacuado los requerimientos correspondientes, entre ellos, para que nos recepcionen los contratos de todas las compras que han existido, además que el Ministerio Público tiene la potestad de anotar preventivamente los bienes como dice la norma o la alerta migratoria”, dijo el fiscal en conferencia de prensa.

Asimismo, manifestó que se hizo llegar requerimientos a la Alcaldía de La Paz para que se “apersonen”, sin embargo, desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz manifestaron a EL DIARIO que no llegó ninguna solicitud de la Fiscalía.

Consultado si existe algún riesgo de fuga de Revilla, Aramayo aclaró que el Ministerio Público presume que cualquier investigado trate de darse a la fuga.

“FALTA DE ILUSTRACIÓN”

León manifestó que este extremo es “totalmente arbitrario y demuestra la falta de ilustración de los fiscales” ya que la ley reconoce el arraigo que es aplicado por una autoridad jurisdiccional dentro de lo que establece el artículo 231 del CPP, conforme al artículo 23 de la CPE que señala “que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”.

Asimismo, dijo que al restringirse el derecho a la libertad de locomoción se estaría vulnerando el derecho al debido proceso en su vertiente presunción de inocencia porque ninguna persona puede ser restringida en sus derechos y garantías constitucionales, salvo que exista una orden o una sentencia condenatoria.

“El fiscal no solo comete un exceso arbitrario sino demuestra una falta total a la ley”, dijo.

LICITACIÓN PÚBLICA

Por otro lado, Revilla aclaró que la adquisición de los buses se hizo por licitación pública internacional, de acuerdo con la normativa.

El proceso de investigación tiene base en la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Lo que sí preocupa es la rapidez con la que la justicia actúa en unos casos a instancias de personajes como el que ha interpuesto la denuncia (Vera), el cual todos sabemos que está acusado de haber quemado los buses PumaKatari y ahora resulta que está preocupado por los contratos de los buses”, precisó Revilla.

Recordó que el Ministerio Público aún no terminó, desde 2019, de realizar “las pericias técnicas para poder establecer las responsabilidades en la quema de los buses”.