La comisión de fiscales presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, por el caso Gases lacrimógenos, el mismo que fue abierto por la adquisición irregular de gases antimotines o antidisturbios, que causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos. La Fiscalía pedirá 10 años de privación de libertad para ambas exautoridades.

Además de las dos exautoridades, la acusación formal también apunta a otras siete personas involucradas en el caso, seis del Ministerio de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

“En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los ministerios de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoría forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios”, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

ACUSACIÓN FORMAL

Detalló que la acusación formal fue presentada en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien fue declarado rebelde, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, (rebelde); el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (rebelde); el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López; el exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho; el exdirector de Logística, Pedro Rea; la ex directora general de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque, y el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera. Asimismo, se presentó la acusación formal en contra del representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, quien fue declarado rebelde.

Son acusados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros. Por todos estos delitos, la Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados, que es de 10 años de prisión, además se debe considerar las agravantes”, sostuvo Lanchipa.

Manifestó que, con la presentación de la acusación formal, la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo.

Lanchipa hizo conocer que a efectos de la reparación integral del daño, el Ministerio Público en su oportunidad ya requirió todas las medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los ahora acusados.

SITUACIÓN DE LOS

ACUSADOS

Respecto a la situación de Arturo Murillo, señaló que se activó la solicitud de extradición, a través de Cancillería, se envió a la Embajada de Estados Unidos la solicitud de extradición, que tiene la documentación y que se aguarda sea remitido al departamento de Justicia y esa instancia pueda definir la extradición del señor Arturo Murillo.

En relación con Fernando López, indicó que el Ministerio Público solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación de la notificación roja para dar con su paradero.