La alcaldía de La Paz denunció este lunes que la Fiscalía de La Paz requirió al Hospital Municipal Cotahuma el historial médico del exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, infringiendo el artículo 10 de la Ley 3131. Desde el Ministerio Público aclararon que la exautoridad está sindicada, por el manejo irregular de un vehículo del Ministerio de Educación por parte de su hijo, quien se presume conducía en estado de ebriedad.

“La Fiscalía Anticorrupción entregó este lunes 28 de junio un requerimiento para que la Dirección del Hospital Municipal Cotahuma proporcione el historial médico del paciente Víctor Hugo Cárdenas Conde. El pedido de la Fiscalía se enmarca en un proceso investigativo contra uno de los hijos de Cárdenas Conde acusado de conducción peligrosa”, informó la secretaría municipal de Salud, Cecilia Vargas.

En un comunicado, la Secretaría Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz señala que el pedido de la Fiscalía Anticorrupción es ilegal.

“La Ley No 3131 del Ejercicio Profesional Médico, en la parte pertinente del Art. 4, establece que: ‘secreto medico: Toda información identificada durante el acto médico sobre el estado de salud o enfermedad del paciente, su tratamiento y toda otra información de tipo personal, debe mantenerse en secreto, inclusive después de su muerte, para salvaguarda la dignidad del paciente”, explicó.

El texto alerta que la documentación solicitada no es del paciente sino de uno de los hijos del también exvicepresidente de la República. “No se está solicitando un informe sobre ‘el estado de salud, enfermedad o tratamiento del paciente’, ya que el requerimiento fiscal solicita el historial médico, que de acuerdo al Art. 10 de la citada Ley N° 3131, es considerado un documento médico oficial, que estaría bajo el resguardo y custodia del establecimiento de salud y son de uso exclusivo del médico, al contener informes de los médicos y personal médico a cargo del tratamiento del paciente, debiendo garantizar el centro de salud que se mantenga en reserva dicho expediente”.

Por tanto, señala el documento, “el pedido de la Fiscalía no puede ser atendido, porque se vulneraría la ley mencionada, siendo deberes de los médicos ‘guardar el secreto médico’, conforme lo dispone la Ley N° 3131”.

La Secretaría Municipal de Salud de la Alcaldía de La Paz también señala que “no encuentra la relación entre el requerimiento fiscal para la entrega del historial médico del señor Cárdenas Conde con el caso seguido contra uno de sus hijos (que es mayor de edad) por un tema de conducción peligrosa, no siendo el paciente parte del proceso ni como denunciante ni denunciado”. Además, dijo que “la Fiscalía no respalda su pretensión con ninguna normativa legal que le faculte a solicitar lo referido”.

El comunicado precisa que la Ley establece seis excepciones, pero ninguna corresponde al caso citado: a) cuando el paciente o su responsable legal autoriza expresamente al médico a revelarlo; b) cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense a requerimiento de autoridad competente; c) cuando se trata de casos de enfermedad notificable; d) cuando la salud de la familia y la comunidad se encuentren en riesgo inminente; e) en caso de menores de edad (…); f) cuando la Ley disponga expresamente.

FISCALÍA

A través de una nota de prensa, la Fiscalía Departamental de La Paz, informó que en el marco del proceso investigativo iniciado en contra de  Iru Maki C.C., de 35 años de edad, hijo del exministro de Educación, por los delitos de conducción peligrosa y destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional, solicitó información al amparo de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal, sobre el estado de salud del exministro de Educación, a quien se amplió la investigación en calidad de sindicado.

De acuerdo con las investigaciones, el 7 de junio del año 2020, a las 23:35 horas, aproximadamente, presuntamente se registró un hecho de tránsito de desplazamiento de vehículo, en la avenida Del Maestro del parque Flamegor, motorizado que bajo las gradas con dirección a la calle 10 de la zona de Alto Obrajes, conducido por Iru Maki C.C., quien fue sometido a la prueba de alcohotest, insuflado de Globo dando resultado 0.40%, conductor del vehículo tipo vagoneta, marca Mitsubishi, color blanco, con placa de control 4094-NPI, presuntamente de propiedad del Ministerio de Educación.

El fiscal anticorrupción, Gustavo Balderrama, explicó que el Ministerio Público en uso de sus facultades requirió información al Hospital Cotahuma, sobre el estado de salud del exministro de Educación, en el marco de las atribuciones de la Fiscalía de requerir información a toda persona, institución  o dependencia, pública, privada, que tiene la obligación de proporcionar información, remitir la documentación requerida o realizar cualquier  diligencia  relacionada  con la investigación de manera inmediata, directa y gratuita, bajo  responsabilidad prevista en el Código Penal, según establece el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público  (Obligación de Cooperación).

Además, de lo establecido Artículo 136 del Código de Procedimiento Penal que señala (Cooperación Directa), cuando sea necesario los jueces y fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia. También podrán solicitar información de manera directa cuando ésta se vincule con el proceso. Las autoridades requeridas tramitarán sin demora las diligencias legalmente trasmitidas bajo pena de ser sancionados conforme a Ley.

Balderrama, agregó que el pasado 10 de mayo de 2021, se hizo conocer a la autoridad jurisdiccional la ampliación de investigación en contra del exministro de Educación, quién fue citado legalmente a declarar por los presuntos delitos de Incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, porque al ser la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Educación, tendría a su cargo y cuidado de los bienes del Estado, entre ellos los vehículos.

La exautoridad presentó un memorial que indica que estaría con Covid-19, extremo que debe verificar la Fiscalía para la veracidad de dicha información y continuar con el proceso investigativo.