“Se tuvo una reunión con los expertos del GIEI Bolivia, en la que se abordó los puntos de las recomendaciones en el informe y como Ministerio Público se hizo conocer que algunos no fueron tomados en cuenta, como el hecho del ámbito de la investigación penal se dio en un contexto muy particular como la pandemia, el Órgano Judicial dispuso la suspensión y paralización de plazos procesales que duró más de cinco meses, pero el Ministerio Público no suspendió sus funciones; sin embargo, tropezó con ese inconveniente de llevar adelante los procesos de investigación”, dijo Lanchipa.
La autoridad agregó que se transmitió la preocupación que, en una primera instancia, hubo temor por parte de las víctimas a brindar la cooperación, por un elemento fundamental, eran acosados y presionados por el anterior Ministerio de Gobierno para brindar cualquier tipo de información.
“Se hizo notar la reticencia de las autoridades militares y policiales del anterior Gobierno. El Ministerio Público hizo conocer los constantes requerimientos que se hicieron llegar a las autoridades para que puedan facilitarnos información como planes de operación militar policial, personal desplegado en las operaciones, material e instrumentos utilizados, pero nunca brindaron información, esa reticencia contribuyó a que los procesos de investigación no hayan tenido la suficiente solvencia en algunos casos”, añadió.
Durante la reunión el Fiscal General hizo conocer a los expertos la elaboración del plan de implementación para la aplicación de las 36 recomendaciones presentadas en el informe. También que existen elementos sustanciales que se deben analizar con mayor profundidad y prolijidad como la carrera fiscal, en la que ya se tiene a la primera promoción de fiscales de carrera.