El jurista explicó que en diciembre pasado la Fiscalía retiró la acusación contra Torrico porque hubo cuestionamientos sobre el debido proceso, principio de legalidad, entre otros.

Recordó que el caso contra su cliente se debió a que, durante las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales, tras las elecciones de octubre de 2020, Torrico en un programa de un medio estatal hizo comentarios que le costaron su detención domiciliaria.

“No piensen que nos vamos a quedar de brazos cruzados, nosotros vamos a defender nuestra revolución contra quien sea. Aquí solo falta ver si en este panorama oscuro que se presenta, si las madres, los padres están dispuestos a mandar a sus hijos a la calle cuando hay enfrentamiento, no sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos”, dijo Torrico en un programa de la estatal Bolivia Tv.

En ese marco, Zúñiga manifestó que la carga probatoria contra su cliente no alcanzaba a sostener nada, ya que solo era la entrevista en el medio estatal y la declaración de una persona que se acercó a la embajada de México, y fue aprehendido cuando se enfrentó a la gente que estaba protestando en contra de los asilados.

“Uno de los que fue aprehendido les dijo: ‘Voy a volver y con mi amigo Gustavo Torrico los vamos a enfrentar’, o algo así. A esa persona que dijo eso mi cliente ni lo conocía”, apuntó.

Por otro lado, Zúñiga explicó que después de unos cuatro o seis meses de iniciado el proceso contra Torrico, la Fiscalía emitió el requerimiento conclusivo de acusación por los delitos de sedición e instigación pública a delinquir y paralelamente lo sobreseyeron del ilícito de terrorismo.

RETIRO DE ACUSACIÓN

El Ministerio Público consideró que no existe fundamento para la acusación por los dos tipos penales que se atribuyó a Torrico.

“Por todo lo analizado y tomando en cuenta que en el presente caso, la prosecución de la presente causa contra Gustavo Torrico Landa, sólo llevaría a un innecesario consumo de tiempo, recursos humanos, económicos y otros, no solo para el Ministerio Público sino también para ambas partes y considerando que los elementos probatorios acumulados durante la tramitación de la investigación resultan carentes para sustentar la Resolución de Acusación Fiscal”, dice parte del documento firmado por el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío.

En el texto también se advierte que esa insuficiencia de elementos de convicción es de completa responsabilidad del fiscal que estuvo a cargo de la investigación y que el mismo “no actuó conforme a los principios de Legalidad, Oportunidad, Objetividad, Celeridad y Transparencia”.