La fiscal Natividad Castro de la ciudad de El Alto rechazó una denuncia de violación contra un exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS). La víctima y su familia viven hostigadas, por lo que la menor intentó quitarse la vida. La abogada Heidi Gil que patrocina a la víctima dijo que había suficiente prueba para imputar al denunciado. EL DIARIO buscó la versión de la representante del Ministerio Público, pero no obtuvo resultado.

Gil explicó que a inicios de 2021, el exlegislador Saturnino Javier Q. P. fue denunciado por su concubina ya que este violó a su hija menor cuando ella no estaba en casa, y fue alertada por sus vecinos, quienes también llamaron a la Policía, “pero ningún policía le ha podido detener por ser del MAS”, por lo que cifraron sus esperanzas en la Fiscalía.

La jurista apuntó que la madre de la víctima encontró a su expareja encima de su hija y otros hombres sujetándola, y ni eso fue tomado en cuenta por la fiscal Castro que dejó en indefensión a la familia.

“Una vez que el caso fue abierto en el Ministerio Público se realizó un estudio forense, valoración psicológica, declaración de la madre, declaración en cámara gesell de la menor víctima, quien dijo que esa no era la primera vez que la abusó, o sea había todos los elementos para una imputación formal”, aclaró la jurista en radio Deseo del movimiento feminista Mujeres Creando.

Pese a la denuncia, el exlegislador que se dedica al negocio de bienes raíces, continuó hostigando a la familia de la víctima. El pasado fin de semana, la mamá de la joven fue golpeada por el sujeto que la dejó con seis días de impedimento.

“Este hombre ha metido gente a la casa de la víctima, gente con carpa, la víctima quería matarse porque estaba encerrada en su cuarto y la gente afuera ha hecho como un campamento. El victimario ha incumplido las medidas de protección. El investigador ha verificado que había gente al interior de la casa de la víctima porque Saturnino los ha mandado, todo eso supo el juez pero lastimosamente no ha hecho nada”, lamentó Gil.

La madre de la víctima pidió justicia para su hija y aseguró que está dispuesta a tomar medidas extremas para ser escuchada por las autoridades ya que la vida de la menor está en riesgo.

“Mi hija todos los días no está en paz, lo único que quiere es acabar con todo esto”, dijo.

La joven víctima aseguró que todo lo que vive no es fácil por ello no quería salir de su casa.

“La historia que estamos pasando mi mamá, mi hermana y yo de seguro no es la primera, ni la última, pero me siento mal porque no se hace justicia, muchas mujeres han perdido todo por culpa de tipos corruptos, cobardes como este señor”, dijo la menor llorando.

La madre de la víctima asegura que el temor de que el sujeto les haga algo continua latente porque se lo vio en el Ministerio de Gobierno, donde presuntamente presta sus servicios.

FEMINICIDIOS EN LA PAZ

En los primeros siete meses de 2021, en Bolivia se registraron 68 feminicidios. De ellos, 24 ocurrieron en el departamento de La Paz, lo que significa que el 35 % de los casos se concentra en la sede de Gobierno y El Alto, de acuerdo a datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Santa Cruz es el segundo departamento más violento con 12 casos; Cochabamba con 10; Oruro con 6; Potosí con 5; Chuquisaca con 5; Beni con 3; Tarija con 2 y Pando con 1.

La última mujer asesina en la ciudad de La Paz fue Jessica L. M. L., de 24 años de edad, con más de 20 puñaladas que le asestó su expareja a quien días antes había denunciado. El feminicidio ocurrió delante de sus hijos de ocho y seis años.

El hecho fue presenciado además por el primo de la víctima, de 17 años, quien fue amenazado por la expareja luego de haber cometido el feminicidio. El adolescente intentó ayudar a su familiar, pero ella perdió la vida debido a las lesiones provocadas por el arma punzocortante.

Tras un operativo, el sospechoso fue aprehendido por la Policía, por inmediaciones del lugar del hecho y fue puesto a disposición de la Fiscalía.

SUPLICANDO JUSTICIA

El pasado 28 de julio, Emiliana Quispe Lima, madre y tía de dos víctimas de feminicidio, se encadenó en puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pidiendo celeridad en los procesos para que se ejecutorien las condenas de los asesinos.

Emiliana, oriunda de Cochabamba, viajó hasta Sucre para pedir justicia para su hija María Carvajal, que fue asesinada por su pareja Johnny V. A. y su cómplice Benjamín R. A. en 2015. También para su sobrina Martha Quispe, a quien le quitó la vida su cónyuge Javier V. M., quien es policía, el 2017.

A seis años de los hechos, los asesinos aún no tienen una sentencia ejecutoriada, por lo que la madre y tía de las víctimas solicitan que se los sentencie, ante la posibilidad que salgan libres amparados en la Ley 1173.

“He venido hasta Sucre en busca de justicia. Los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios deben ser tratados rápido, según la Ley 348, pero en mi caso no ha sido así. Hay retardación. La apelación en los casos de mi hija y mi sobrina ya está en Sucre, pero hasta ahora no pueden ejecutoriarlos. Por eso he venido a encadenarme, ya no puedo más”, dijo Quispe.

APUNTES

En los 14 años de gobierno de Evo Morales, se registraron varios hechos de violencia contra la mujer cometido por legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), entre ellos los de los exdiputados Justino Leaño, Jacinto Vega, Eugenio Quispe y del excónsul Ariel Iriarte, los tres primeros sentenciados por violación a menores de edad, y el último con proceso en curso, hasta donde se supo. No se conoce de manera oficial que hayan sido expulsados por la dirigencia del MAS.

Estos casos tuvieron un común denominador, la protección de diferentes órganos del Estado a autoridades del MAS. Las víctimas tuvieron que peregrinar durante varios años para lograr la sentencia de los agresores sexuales. A estos casos también se suman las denuncias de violencia contra la mujer que involucra a legisladores, concejales y alcaldes afines al partido de Evo Morales. En estos casos de violencia, ninguno de los acusados fue sancionado.

CASO LEAÑO

El caso más llamativo es del exdiputado Justino Leaño, acusado de violar a su hija menor de 8 años. La denuncia por ese delito fue presentada ante el Ministerio Público de Potosí el 16 de agosto de 2012. Durante el proceso de investigación, la menor de edad, en una entrevista con la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tupiza, informó que fue abusada sexualmente desde sus 8 años.

Pero fue en enero de 2013, cuando aprehendieron a Leaño, sin embargo, al ser legislador se benefició con detención domiciliaria, amparado en el artículo 152 de la Constitución Política del Estado. Siete meses después, en agosto, fue condenado a 23 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual cometidos contra su hija pero Leaño había fugado del país.

Interpol emitió Sello Rojo para la captura de Leaño, mas nunca se ejecutó. El exdiputado Amílcar Barral afirmó en la oportunidad que “ahora Leaño vive en Mendoza, Argentina, y dicha solicitud de captura internacional desapareció por obra y gracia de sus compañeros del MAS”.

VEGA

El segundo caso es del diputado del MAS, Jacinto Vega, quien fue denunciado en Villamontes, el 7 de diciembre de 2012, por violación. El entonces fiscal Miguel Ángel Exeni acusó formalmente a Vega de abusar sexualmente a una niña. Pero el caso se destapó recién en abril de 2015, tras la detención del presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, Abraham Espinoza, por presunta extorsión.

El abogado Juan Carlos Escalante informó que el entonces diputado Vega citó a Espinoza a un restaurante de la avenida Illimani y le ofreció mil bolivianos supuestamente para viáticos, pero fue rechazado. El legislador insistió y ante la rotunda negativa dejó el dinero sobre la mesa y de repente apareció la Policía y aprehendió a Espinoza. Luego de ese hecho se reveló que sobre Vega pesaba una imputación por el delito de violación.

Fue recién en 2018 que el Tribunal de Sentencia Único de Villa Montes dictó sentencia condenatoria de 20 años de privación de libertad para el suspendido diputado guaraní del MAS, por la comisión del delito de violación a una menor de nueve años. Actualmente, Vega cumple su condena, desde el 17 de enero del 2018, en el Recinto Penitenciario de Villa Montes.

CASO QUISPE

Un tercer caso data de 2018, cuando Eugenio Quispe Melgarejo, diputado del MAS, fue acusado y sentenciado por violar a su sobrina de 14 años en dos oportunidades; a pesar de que los suplentes no pueden tener licencia, sus compañeros del MAS le dieron ese beneficio. En su defensa, el legislador indicó que la muchacha no es su familiar y que la denuncia es parte de un complot para dañarlo.

Hasta el año pasado, Choque se encontraba con detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Sebastián varones, desde el 3 de marzo del 2018, por el delito de violación con agravante.

CASO IRIARTE

Un cuarto hecho de violación a un menor que salpica al MAS se registró en octubre de 2019. Es el caso de Ariel Iriarte, exprefecto de Chuquisaca (2007- 2008) y cónsul en Argentina, acusado de abuso sexual perpetrado contra un niño de dos años.

En medio del clamor de la madre del niño por justicia, el 20 de agosto el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de Chuquisaca, presidido por Alex Rengel, resolvió cesar la detención preventiva y otorgar a Iriarte detención domiciliaria con escolta policial.

Esta determinación causó zozobra en la madre del niño, quien afirmó que se siente desamparada y teme que Iriarte huya del país o atente contra su integridad o la de su hijo. “Mi persona se ve desconcertada con las leyes. No entiendo por qué las autoridades no velan por los menores de edad, por las mujeres que somos un sector vulnerable y dan preferencia a agresores y violadores”, reclamó entre lágrimas.

AUTORIDADES DEL MAS CON DENUNCIAS DE VIOLENCIA

En el MAS también se registran al menos seis casos de senadores, asambleístas departamentales y concejales con denuncias de violencia intrafamiliar. En ninguno de los casos existe sentencia contra los responsables. En el MAS se calificaron estos hechos como de índole “personal y privado”.

El 14 de septiembre de 2013, Fabiola Sandoval denunció al senador del MAS, Adolfo Mendoza, de agresión física y verbal, en total estado etílico, ocasionándole daños a su integridad. Ante ello, el extinto Eugenio Rojas, jefe de bancada de ese partido, dijo que estos hechos son de orden “privado”.

Un año después, el 3 noviembre de 2014, fue denunciado el diputado Wilfredo Calani. La denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) da cuenta que el parlamentario, en estado de ebriedad, golpeó a su esposa de 29 años de edad, como prueba la víctima presentó un certificado médico forense que señala tres días de impedimento por la agresión que había recibido.

Ese caso quedó en el archivo. En la Felcv quedó el certificado médico policial forense y la denuncia en la Fiscalía. Entonces, Calani presidía el Comité del Ministerio Público de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que dirigió un proceso contra tres miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En 2015 se registró el caso de violencia contra la mujer donde se vio involucrado el asambleísta departamental de La Paz, Marín Sandoval. El 24 de diciembre, la jueza Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia, Cinthia Delgadillo, dictó la detención preventiva de Sandoval en la Cárcel de San Pedro de La Paz. Dos meses después, febrero de 2016, el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó la libertad.

En junio de 2017, el concejal de Punata, Ariel Guzmán, fue aprehendido por la Policía, cuando fue sorprendido en flagrancia golpeando a su esposa, según un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). El caso no avanzó.

En octubre de 2018, Cris Karen D.Z., con fotografías en mano, denunció al diputado Henry Cabrera de violencia física y psicológica. “Muchas veces me agredía solo por celos. El señor es una persona celosa y manipuladora”, dijo la denunciante, quien aseguró que mantuvo una relación con Cabrera por más de tres años. El legislador negó el hecho.

Ese mismo año, la concejala Mary Carmen de la Cruz Mamani denunció que el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja Huanca (MAS), en estado de ebriedad, la agredió propinándole un golpe en su rostro. “Yo me caí al piso. Él quiso aprovechar aquello para agredirme nuevamente, pero lo agarraron y se escapó”, relató Cruz. El caso tampoco tuvo avances. (ANF)