Explica que la mayoría de los huérfanos son menores de edad. Recuerda que el 2020 hubo 78 niños que quedaron en la orfandad, el 2019 eran 125. Detalla que las mujeres asesinadas por sus parejas mueren a causa de asfixia, golpes/traumas, armaba blanca y arma de fuego.

Tapia lamenta que el Gobierno no realice un registro minucioso de los huérfanos para brindar políticas de protección a este sector.

“Hay una ausencia total, dejando sin protección a los huérfanos que necesitan un acompañamiento tanto en el estudio, salud o que la familia que cuida a estos niños o adolescentes tengan un trabajo o inamovilidad laboral”, afirma.

Bolivia es el país con la tasa más alta de feminicidios en América del Sur. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2019 se registraron 117 casos de feminicidios, con tasa de feminicidio de 2.05 por cada 100 mil mujeres. En 2020, se reportaron 102 casos hasta el 8 de noviembre.

VÍCTIMAS

INVISIBLES

Tapia señala que los huérfanos del feminicidio son víctimas invisibles que quedan sin protección, traumados y en el olvido porque el Gobierno carece de políticas públicas para garantizar la estabilidad y el cuidado de los menores.

Señala que los huérfanos del feminicidio son “víctimas especiales” y que deben ser tratados con mayor atención porque algunos son testigos presenciales del asesinato de su progenitora, por eso quedan con el trauma y en situaciones de extrema vulnerabilidad.

“Los niños y niñas que perdieron a sus madres quedan en el olvido, en abandono, el Estado no les da solución, no hay políticas públicas para protegerlos. El que tiene suerte se queda con los abuelos, otros van a parar a los orfanatorios y ahí es un drama porque los hermanitos que a veces son 2, 3, 5, 6 o más no quieren separarse y se protegen, pero no siempre se quedan juntos”, afirma Tapia en entrevista con ANF.

La activista agrega que los huérfanos no reciben terapia para superar el trauma de ver morir a sus madres. “La Ley N° 548. Código Niña, Niño y Adolescente dice que los niños deben recibir apoyo, pero no se cumple, no hay seguimiento. Están abandonados a su suerte, en el olvido porque los familiares están absorbidos buscando justicia”, indica.

TESTIMONIO

“Ayuda, ayuda”, gritaba con todas sus fuerzas Óscar Eduardo, más conocido como “Lalito” de apenas 10 años. Sus pedidos de auxilio no fueron escuchados por los vecinos. Su mamá, Alejandra Shaw, era asesinada por su padrastro, Edson España. Su desesperación fue tal que se abalanzó con su pequeño cuerpo sobre su progenitora para protegerla de las puñaladas que recibía de su agresor; no pudo salvarla.

Lalito siguió gritando, pero esta vez de dolor. Su padrastro le asestó más de 10 puñaladas en todo su cuerpecito y, como seguía respirando, el agresor lo lanzó contra la pared ocasionándole un traumatismo craneoencefálico que terminó con su vida. Toda la violencia de esa escena cruel era observada por el hijo de apenas 2 años de Alejandra y Edson. La familia de las víctimas se enteró del crimen 15 días después.

“Lo más triste es que cuando este tipo la estaba matando a mi hermana, mi sobrino gritaba pidiendo ayuda, pero los vecinos indiferentes no hicieron nada. Una de las vecinas tocó la puerta, pero no quiso hacer nada más porque tenía miedo de que la agredan, incluso pensaron que estaban violando al niño, pero no hicieron nada”, cuenta Michell Shaw, hermana de Alejandra.

El feminicidio e infanticidio se registró el 3 de marzo del 2017 en la zona de Alto Tacagua, en la ciudad de La Paz, hoy la familia no encuentra consuelo y siguen peregrinando por justicia; si bien el asesino Edson España fue sentenciado a 30 años, busca salir en libertad.

Lo que más preocupa a la familia son los huérfanos que dejó el feminicidio de Alejandra, uno de 20 años de edad, otra de 15 (con discapacidad) y el pequeño que observó el crimen y ahora tiene 5. Ninguno de los tres recibió ningún tipo de apoyo del Estado ni de las Defensorías.

Michell relata que el mayor de sus sobrinos al enterarse de los asesinatos se “escapó” del cuartel donde hacia su servicio militar para buscar a su mamá y hermano, pero los encontró muertos. Desde ese momento ya no es el mismo y decidió buscar a su papá e irse a vivir a otro departamento porque la sede de Gobierno le recordaba a su progenitora. La segunda hija de 18 tiene discapacidad y pasó al cuidado de uno de sus tíos, mientras que el menor está con su abuela materna en Santa Cruz.

Admite que Edson, el victimario de su hermana, era muy violento, e incluso, un año antes de los asesinatos, denunciaron a Edson por violencia intrafamiliar, pero huyó y la Policía no emitió la orden de captura. Durante ese tiempo, el hombre convenció a Alejandra de regresar y así fue, ambos retomaron la relación.

“La inoperancia de los fiscales y policías que tardaron en emitir el orden de captura y este tipo volvió a enamorarla, y decide volver con él porque era el padre de su hijo. Además, tenía dependencia emocional y económica. Sin embargo, luego de un año fue asesinada”, señala Michell, mientras pone flores en la tumba de su hermana y sobrino, que “descansan” en el Cementerio General de La Paz.

“Ese tipo le asestó 17 puñaladas, luego mató a mi sobrino con 15 cuchilladas, no solo eso, su muerte ha sido lenta y dolorosa, le ha estrellado contra la pared, destrozándole parte del cráneo”, relata la tía y hermana.

Agrega que por 15 días no recibían noticias de su familia, luego la Policía les llamó para informales que habían encontrado el cuerpo de sus familiares en sus departamentos.

“No contestaba su celular ni el teléfono, como familia pensamos que había cambiado su número, que estaba con él, pero, la Policía nos llama y dice que los han encontrado muertos, el olor ya era fétido y estaban en descomposición, ahí nos enteramos que los habían matado. El hombre había escapado con su hijo pequeño”, dice.

Cuenta que el juicio duró tres años, en esa etapa se enteraron que la madre del feminicida fue cómplice del delito porque lo ayudó a escapar e, incluso, revela que “vaciaron” el departamento, llevándose la lavadora, el televisor y otros electrométricos de alto valor.

“Lo han condenado a 30 años, pero ha sido porque hemos metido presión, si no estaríamos mendigando por justicia. Lo más triste es la situación de mis sobrinos que han quedado dañados, el pequeño que ha visto todo tiene reacciones impulsivas. Es una pena, un dolor. Las defensorías no hacen el seguimiento correspondiente, una vez que pasa el feminicidio, la familia se encarga de hacerle atender, pero muchas veces no hay las condiciones ni la economía”, sostiene Michell.

¿QUÉ PASA CON LAS

Y LOS HUÉRFANOS?

Para la investigadora Marlene Choque, que realizó un estudio sobre feminicidio, sus situaciones procesos y consecuencias en La Paz y El Alto, remarca que el delito no acaba con la muerte de la víctima, sino perdura con los huérfanos del feminicidio, a quienes considera las co-víctimas de este delito y que recorren largos caminos en busca de protección de un hogar.

“Estos niños quedan solos, sin mamá, con el papá en la cárcel o que fuga. Algunas veces se quedan con los abuelos, esto implica un desajuste en su desarrollo porque tienen que entender a su edad los hechos que han pasado”, agrega a ANF.

Señala que otro de los desafíos que atraviesan los huérfanos es la separación de hermanos porque cuando son numerosos se disuelven con varios familiares. Apunta que esa esa situación implica otra problemática.

“Las familias que los reciben no tienen elementos para poderlos criar, no solo recursos económicos, sino no saben cómo apoyarlos. Los desafíos son grandes, como la desintegración de la familia, pasan de un lado a otro. El otro problema es la revictimización durante las audiencias”, dice.

Remarca que el drama de los huérfanos es una situación trágica porque no solo deben enfrentar el duelo de su madre, sino ven destruido su entorno de cuidado. Incluso, los familiares del lado paterno y materno se disputan su “cuidado”.

“No tienen acompañamiento para afrontar el duelo, estos pequeños o adolescentes han vivido en un entorno de violencia y cuando quedan solos tienen que atravesar otro tipo de desafíos. Los cambios son fuertes para ellos y a veces no lo pueden superar”, indica.

La experta coincide en que el Gobierno no tiene políticas para apoyar a los huérfanos.

DEFENSORÍA DEL

PUEBLO Y JUSTICIA

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Prevención y Eliminación de todas las Formas de Violencia en Razón de Género y Generacional, trabaja en una propuesta para proteger a niños que quedaron huérfanos a causa de feminicidio, en un registro de los menores cuyas madres fueron asesinadas.

Con ese proyecto, el Gobierno tiene la intención de tener datos para realizar acciones para apoyar a los huérfanos. Actualmente no existe ningún registro oficial de niños, niñas y adolescentes, hijos de mujeres fallecidas por feminicidios.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo planteó un proyecto de ley para dar asistencia integral a Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas de feminicidio. En esa norma se propone un bono mensual, del 20 % del salario mínimo, y la atención integral para los niños y adolescentes que han perdido a sus madres por feminicidios. (ANF)