El investigador Manuel Morales Álvarez manifestó a EL DIARIO que la falta de incentivos para que los productores de coca oferten su producto en el mercado legal de Sacaba (Cochabamba) deriva en el incremento de la venta ilegal destinada al narcotráfico.

Morales apuntó que todos los años incrementan los cultivos y reduce la erradicación, lo que significa que la racionalización nunca alcanzará a los nuevos cultivos ilícitos, “por lo tanto hay una promoción del Estado al narcotráfico”.

MERCADO ILÍCITO

De acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), presentado ayer, el precio nominal promedio de la hoja de coca comercializada en los mercados autorizados de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) (La Paz) y Sacaba (Cochabamba) equivale a 10,0 USD/kg y 7,0 USD/kg, respectivamente.

“Comparando los precios por kilogramo de hoja de coca a lo largo del año en ambos mercados, se observó que en diciembre el kilogramo de hoja de coca llegó a costar 11,4 USD (79 Bs) en el mercado de Adepcoca, siendo este el precio más alto y 8,2 USD (57 Bs) en el mercado de Sacaba, registrado en el mes de agosto. El precio promedio nacional ponderado por kilogramo de hoja de coca considerando ambos mercados fue de 9,7 USD (67 Bs)”, se lee en parte del documento presentado ayer.

Morales explicó que las personas del Chapare no sacan la coca al mercado de Sacaba porque no les conviene el precio, ya que los “rescatadores” en los mercados internos, “que desvían toda esa coca al narcotráfico” pagan más que al mercado legal de Sacaba.

“No hay un incentivo para que los cocaleros saquen al mercado legal de Sacaba, por eso es que toda la producción del Chapare se está yendo al narcotráfico. Mientras que el mejor precio está en Adepcoca y por eso toda la gente que es legal lleva al mercado de Adepcoca y no al de Kalajahuira”, precisó.

Por otro lado, la Unodc recomienda mejorar los controles y registros de la comercialización de la hoja de coca en mercados autorizados y promover medidas para evitar su desvío a mercados ilícitos

SUPERABUNDANTE

El investigador apuntó que de acuerdo a los estudios que se hicieron se calculó que entre ocho y 14 mil hectáreas cubren superabundantemente el consumo interno e incluso lo que sale al norte de la Argentina.

“Hay como siete mil hectáreas ilegales. La proporción es que en los Yungas son 15.000 hectáreas, que sería lo que maso menos demanda el mercado interno, y todo lo ilegal sería 7.700 hectáreas, mismo que es similar a los que el Chapare tiene, es una coincidencia”, aclaró.

Apuntó que hay una tendencia marcada los últimos años en sentido de que por cada hectárea que se erradica, hay 26 veces más que se cultiva.

COVID – 19

Morales precisó que a causa de la pandemia de la covid – 19 y la cuarentena rígida que se vivió en el país en 2020, incrementaron los cultivos y disminuyeron las erradicaciones porque no se pudo hacer un control efectivo, por lo que hubo un incremento notable que repercutirá en esta gestión.

En criterio del experto son dos factores los que intervienen, por una parte las políticas de Gobierno y la intención de los cultivadores de coca.

“Son dos factores los que intervienen: uno que es la política de represión que puede disminuir o ser la misma, pero el otro es la intención de estos sectores de ampliar la frontera cocalera y sus vínculos con el narcotráfico”, apuntó.

2.29 % DEL PIB

Morales Álvarez presentó en 2018 el libro “Coca MAS cocaína: Economía de la droga, guerra falsa y pachamamismo”, donde demuestra que el 2.29 % del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de esa comercialización.

Morales Álvarez califica su libro como un estudio de economía “en sencillo, pero con datos y análisis” que parte desde el incremento de cultivos de coca que aprobó el Movimiento al socialismo (MAS) para subir de 12 mil hectáreas, establecidas en la Ley 1.008 de Sustancias Controladas, a 22 mil hectáreas en la nueva Ley General de la Hoja de Coca.

De esas 22 mil ha, se distribuyó 14.300 ha para la coca tradicional de La Paz y 7.700 ha para la coca de Cochabamba, que no es considerada como cultivos ancestrales ni protegidos en la Constitución.

En 12 años del régimen del MAS, el libro compara el precio del kilo de coca en 2006 que bordeaba los cinco dólares y hasta la fecha se incrementó hasta diez dólares por kilo.

Para Morales Álvarez, el gobierno de Evo Morales fomentó la producción del Chapare, en una nueva élite de campesinos que ya no son agricultores sino una clase empoderada. En contraste, el expresidente no solo atacó a la producción de Yungas sino que pretende tomar Adepcoca, y por ello se explica la persecución a su exdirigente Franclin Gutiérrez y al actual Armin Lluta.