Exembajador Mostajo declarará como testigo
El exembajador de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Jeanine Añez, Mohammed Mostajo, fue convocado para el 1 de febrero a declarar como testigo en el proceso contra Arturo Murillo, en Estado Unidos, por el caso Gases lacrimógenos, informó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
“Deben acordarse del famoso Mohammed Mostajo, él ha sido citado”, indicó Chávez en conferencia de prensa. Precisó que la citación para Mostajo será para que comparezca el 1 de febrero. “Esperemos que brinde esta declaración”, agregó.
Mostajo también fue relacionado con el caso respiradores, aunque el destacado médico boliviano siempre ha defendido su inocencia. En 2020 se supo que había salido de Bolivia rumbo a Estados Unidos.
Además de Mostajo, también se solicitó que declare el exsecretario de la expresidenta Jeanine Añez, Erick Foronda, aunque de este no se tiene aún una fecha definida, detalló Chávez. También se pidió que declaren otras personas que habrían participado en el esquema de transferencias del dinero.
En este proceso, que se desarrolla en EEUU, el Estado boliviano pretende la reparación de daños y que se devuelva el dinero que, presuntamente, fue pagado por sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos y que habría sido transferido para sobornos en favor de Arturo Murillo y otros implicados.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra detenido en Estados Unidos y espera su audiencia para mayo. También hay otros cuatro implicados que se declararon culpables.
Chávez explicó que también son investigadas la empresa Bravo Tactical Solutions, que fue contratada para la provisión de los agentes químicos; así como Cóndor, que es el fabricante. Recordó que el juicio civil tiene fecha para instalarse el 31 de octubre de este año.
Según el procurador, los demandados han presentado recursos para ser excluidos del caso, pero recordó que la justicia estadounidense rechazó la solicitud de la empresa Cóndor y se prevé que ocurra lo mismo con las otras mociones.
Expresó que, con los montos de fianza pagados en el caso penal, los bienes que se pongan a disposición judicial, más los 800 mil dólares que devolvió una empresa de Santa Cruz (ligada a uno de los acusados), se garantizaría que el Estado boliviano recupere el dinero del daño económico.
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