Los errores comunes en que incurren los funcionarios de la administración de justicia, entre ellos investigadores policiales, fiscales y jueces, inciden en que exista retardación de justicia en los procesos, afirmaron los abogados Marcial Huanca y Jorge Quiroz.

Los juristas desde sus experiencias como abogados litigantes en La Paz y Cochabamba identifican estos errores considerados reiterativos, y aseguran que muchos se deben a la falta de formación de los administradores de justicia.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, la Escuela de Fiscales realiza capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a los fiscales y al personal del Ministerio Público, de forma permanente, con el objetivo de cualificar y actualizar los conocimientos de los funcionarios públicos.

El abogado Marcial Huanca, en su experiencia en el ejercicio de la abogacía en Cochabamba, señaló que el error que actualmente comenten los fiscales jóvenes es el no dar cabida a las partes en litigio.

“El fiscal debe ser imparcial y debe dar cabida a ambas partes, eso quiere decir que la investigación debe seguir por ambos lados”, refirió. Pero lamentablemente en Bolivia lo que hacen desde el momento en que sacan la imputación formal “es la investigación parcializada y eso ha generado que la carga para los fiscales se refleje en el número de casos que están llevando cada uno”.

Al 31 de diciembre de 2021, la carga fiscal era de 135.539 casos abiertos, y en la etapa de juicio se encontraban 68.039 casos, equivalente al 50,20 % de la carga total.

IMPUTACIÓN FORMAL

Otro error, señaló Huanca, es cuando los fiscales hacen la imputación formal de manera rápida y solicitan la detención preventiva, cuando debería ser la excepción. “Esto muestra que no están capacitados para poder evaluar”.

“La detención preventiva la han convertido en regla, y ese error los está llevando a que en algún caso cuando termina un proceso con sobreseimiento o con sentencia absolutoria, ellos (los fiscales) van a ser procesados por una conducción errónea en la investigación”, apuntó.

Otra de las observaciones que tiene Huanca está dirigida a la investigación policial. La falta de experiencia y los cambios constantes del personal generan retraso en los procesos y pérdida de dinero para el Estado.

“A mí me ha tocado por ejemplo que en cuatro años nos han cambiado hasta ocho investigadores, eso quiere decir en promedio tuvimos un investigador cada seis meses y lamentablemente genera dilación y perjuicio para las partes”, apuntó.

El jurista indicó que en estos casos se evidencia que la justicia está pagando horas hombre al investigador y al cambiarlo se le carga al Estado por doble partida por ese trabajo hecho.

LENGUAJE POBRE

Para el abogado Jorge Quiroz el principal problema de los investigadores es el lenguaje pobre y la carencia de una buena escritura, lo que deriva en inducir al error en el entendimiento por parte de los abogados.

“Comenzando por los investigadores de la policía, lo que les falta es escribir bien. Te inducen a cometer errores en el entendimiento cuando ellos escriben cosas que no tienen que ver con los casos”, señaló.

Dijo que en muchas oportunidades se enfrentó a informes policiales mal redactados y escritos que cambian el sentido del contenido.

Quiroz refirió que los fiscales no controlan ese accionar de los investigadores policiales pese a ser los directores funcionales de la investigación. Agregó que en muchos casos los fiscales se dejan llevar de lo que el investigador hace, ve u oye.

El jefe de la División Escena del Crimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mayor Nevil Costano Suxo, dijo a ANF en una anterior entrevista que en la Universidad Policial existe un curso de especialización de seis meses en investigación criminal que los funcionarios pasan, y que al concluir esta etapa de formación son destinados a las diferentes unidades.

Otro error de los fiscales, refirió Quiroz, es no tener un control en torno a la cantidad de requerimientos que se solicitan, es decir “mediante requerimiento solicitan información a diferentes instituciones y por lo general te dan a ti, abogado, para que lleves el requerimiento, y nosotros los abogados cuando vemos que eso nos va a perjudicar ya no lo devolvemos, es decir te dan a tu libre albedrío para que decidas si es que en realidad debe de incluirse o no”.

Para Huanca los investigadores policiales “no investigan y solo están esperando la participación de las partes, en todos los casos”.

“Si uno entra en la parte de los expedientes, las pruebas que se generan simplemente son proporcionadas por las partes, ninguna de ellas está reflejada en la investigación de manera personal por parte del investigador asignado al caso”, dijo.

PÉSIMA VALORACIÓN

DE PRUEBAS

Sobre los jueces, Quiroz refirió que los funcionarios realizan una pésima valoración de las pruebas en medidas cautelares y en juicio oral.

“Utilizan el método de la sana crítica y esta engloba tres aspectos fundamentales que son la lógica, la psicología y la experiencia, entonces, aunque no haya una prueba objetiva que establezca la posible comisión de un delito en medidas cautelares, en juicio oral, se tiende a detener a la persona con detención preventiva o a emitir una sentencia condenatoria en juicio oral bajo criterios completamente errados, y eso es por falta de preparación de los mismos jueces”, apuntó.

Quiroz afirmó que muchos de los jueces son nombrados “sin legítima experiencia” y asumen el cargo luego de haber estado en cargos como pasantes en el Órgano Judicial, en cargos de auxiliares, oficiales de diligencias, en cargos de secretarios, para luego de “dos años de experiencia ser jueces, pero sin ninguno de litigación”.

Las notificaciones son otro factor que incide en la retardación de justicia. Por ejemplo, las notificaciones a los detenidos en los centros penitenciarios son muy tardías o simplemente no se las realiza, y las audiencias se tienen que suspender y posponer para otras fechas, remarcó Quiroz.

“Eso implica retardación de justicia y ocurre por falta de coordinación entre los tribunales, los jueces y las gestoras de procesos que son las encargadas de notificar”.

Huanca señaló sobre las notificaciones que en tres meses en que conoció una determinación judicial, no le remitieron la documentación. El abogado presentó una queja por un procedimiento constitucional de garantías, indicando que el juez asignado está vulnerando el derecho al debido proceso al no haber remitido en su oportunidad la documentación.

Criticó que los funcionarios ni siquiera se dan la tarea en el tiempo que dice la norma, es decir que a los cinco días ya debería salir la resolución mediante la solicitud, mediante memorial, “pero algunos se tardan 10 días, 15 días, se demoran 20 días, y en muchos casos en las salas civiles se tardan hasta más de un mes, entonces eso es contraproducente para el sistema judicial boliviano y para todas las partes”. (ANF)