Por errores en el poder otorgado por el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, a los abogados que lo representan en el proceso contra efectivos policiales que presuntamente fueron parte de un motín en 2019, se suspendió ayer la audiencia de un suboficial en La Paz y podrían quedar nulas las resoluciones con las que fueron dados de baja los nueve funcionarios policiales, manifestó a EL DIARIO el abogado Ramiro Carrillo.

Ramiro Carrillo que patrocina al suboficial de La Paz aseguró que el poder otorgado por Condori a sus tres colaboradores, el 30 de julio de 2021, es solo para presentar memoriales en la etapa de investigación y no para asistir a las audiencias y menos objetar en los juicios como pretendieron hacerlo ayer, por lo que se reprogramó la audiencia para el próximo 27 de septiembre.

El jurista aclaró que ese poder fue utilizado en todos los procesos donde ya se emitieron sentencias dando la baja definitiva a efectivos policiales.

“En el caso del suboficial al que patrocino hay errores hasta en su nombre, por eso ni siquiera pueden apersonarse. Los policías que ya fueron dados de baja, que imagino están en apelación, pueden hacer su representación y anular las resoluciones con las que fueron dados de baja porque los apoderados no tienen personería”, apuntó.

PROCESO

EN LA PAZ

Carrillo aclaró que la acusación contra su patrocinado es por presuntamente cometer faltas graves durante los conflictos de 2019, empero no corresponde su juzgamiento por la Ley 101 porque pasó a la reserva A hace más de dos meses y la norma se aplica solo a los funcionarios en servicio activo.

El artículo 4 de la Ley 101 señala: “La presente Ley se aplica a todas y todos los servidores públicos del servicio activo de la Policía Boliviana, sin distinción de grados o jerarquías, y a las policías recién egresadas de las Unidades Académicas de Pregrado de la Universidad Policial (Unipol) o sus similares en el exterior, que aún no hubieran sido incorporados al escalafón”.

El jurista apuntó que si su patrocinado es dado de baja perdería todos los beneficios que logró a lo largo de su carrera. Con esa decisión también afectarían a su familia porque se le estaría prohibiendo el derecho a la alimentación, la vivienda, estudio de sus hijos, entre otras cosas.

ACCIÓN DE

INCONSTITUCIONALI-

DAD

Por otro lado, Carrillo apuntó que ayer presentaron una acción de inconstitucionalidad concreta, porque varios artículos de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (101) vulneran el debido proceso y van en contra de garantias reguladas en Contitución Politica del Estado. Hasta que el recurso jurídico no tenga respuesta no se puede emitir sentencia.

Explicó que de acuerdo con el procedimiento, con la acción presentada deberán ser notificados el denunciante y la Fiscalía policial, quienes deberán responder en tres días.

“Una vez presentado corre el traslado para los fiscales policiales y el denunciante y estos deben dar a conocer su parecer, rechazado o aceptado tiene que pasar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y mientras esté en trámite el Tribunal de la Policía no puede emitir sentencia, se tiene que esperar sí o sí el pronunciamiento del TCP”, apuntó.

Manifestó que si el TCP declara que es inconstitucional el proceso contra su patrocinado acabaría.

OBSERVACIONES

El jurista apuntó que la Ley 101 no permite presentar excepciones, salvo en los casos de prescripción y extinción de la acción, no hay otros incidentes como se permite en materia administrativa, ese aspecto –dijo– limita el derecho a la defensa.

Se está objetando también las excusas. “El Tribunal Disciplinario, en la anterior audiencia ya ha emitido un criterio, nosotros hemos querido pedir su excusa y la ley no permite y tampoco prohíbe al Tribunal emitir criterios, se está vulnerando el principio del juez imparcial”, explicó.

La Ley 101 tampoco permite presentar recursos de reposición a otros que emite el Tribunal. “Todo se va directamente a la apelación, cualquier arbitrariedad que cometa el Tribunal Disciplinario no puede ser impugnado, no tiene enmienda ni complementación”, aclaró.

Manifestó que si todos los policías que ya fueron dados de baja se sumaran a la acción que presentaron, no se tendría que ejecutar su sanción administrativa.

DATOS

El 18 de enero de 2021, el Viceministro de Descolonización presentó una denuncia contra 26 funcionarios policiales por faltas graves disciplinarias durante el presunto motín de noviembre de 2019.

El 21 de abril, la Fiscalía Departamental Policial de La Paz informó que en el proceso disciplinario habían acusado al suboficial y tenían pendientes otras investigaciones contra nueve funcionarios policiales.

El Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía programó la primera audiencia de juicio, pero la misma fue reprogramada falta de protocolos de bioseguridad por la Covid–19 y las restricciones a la prensa.

CASO POLÍTICO

La exrepresentante de las esposas de Policías y embajadora de los Derechos Humanos mundial, Guadalupe Cárdenas, precisó que la acusación contra los nueve funcionarios policiales que ya fueron dados de baja carecen de fundamento ya que en ningún caso presentaron pruebas.

Manifestó que en la mayoría de los casos presentaron fotografías y videos que no evidencian la falta que presuntamente cometieron y que no permitieron que en juicio se demuestre la falsedad e incongruencia en la acusación.

“Este es un caso político que busca desmembrar a la Policía a través de estos 126 funcionarios policiales, no 26 como dijeron. Éstos son los primeros nueve dados de baja y hay otros cuatro encarcelados, con este caso probablemente están buscando dar un ejemplo, para que los funcionarios policiales se sometan a la parte política”, dijo.

CONFLICTOS DE 2019

El 9 de noviembre de 2019, policías de La Paz, que se encontraban en la plaza Murillo, y otras unidades, decidieron desplazarse al edificio de Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), donde se replegaron y colgaron una bandera boliviana.

El día 10 de noviembre, después de la renuncia de Evo Morales, turbas enardecidas empezaron con actos vandálicos como la quema de los buses PumaKatari, casas privadas de periodistas y activistas.

Desde la madrugada del 11 de noviembre de 2019, las turbas quemaron y destruyeron al menos ocho estaciones de policías en las ciudades de El Alto y La Paz.

Los hechos más relevantes sucedieron en la ciudad de El Alto, donde un grupo de movilizados quemó las instalaciones de Tránsito y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Ambos inmuebles quedaron totalmente inservibles.

Los efectivos policiales no pudieron controlar a la turba que, por la fuerza, ingresó a las instalaciones. Allí dentro saquearon e incendiaron el lugar. Cuando inició el fuego, los efectivos policiales huyeron por donde pudieron.

En videos que circularon en las redes sociales se evidencia que tras la quema del Comando Regional de la Policía Nacional de El Alto, ubicado en la carretera a Oruro a la altura del cruce Viacha, otra turba enardecida saqueó quintales de arroz, azúcar y otro tipo de alimentos. Además quemaron una movilidad y algunos cuartos que de la planta baja.