“En el marco de las competencias del Fiscal General del Estado, de las cuatro proposiciones acusatorias presentadas en contra de Añez por el Ministerio de Justicia, tres fueron remitidos al TSJ y una fue rechazada por falta de argumentos. Los delitos que se investigan son resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, discriminación, entre otros”, dijo Quispe.
El primer requerimiento acusatorio se debe a la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que supuestamente no contó con la autorización de la Asamblea Legislativa.
El segundo requerimiento está relacionado con la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para registro mercantil por 15 años, sin que se haya observado el procedimiento de licitación que establece la Ley N°2196 sobre otorgación del Registro de Comercio.
El tercero caso tiene que ver con el Decreto Supremo 4200, por el que presuntamente se vulneró la libertad de expresión durante la cuarentena de la Covid-19.
El cuarto requerimiento acusatorio fue rechazado por la falta de mayores elementos de justificación. Ésta refiere a que Añez, en su condición de presidenta, emitió órdenes para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración no permitan el paso de compatriotas desde Chile a Bolivia durante la pandemia por la Covid-19.