“No conocemos programas específicos para el tema de prevención de la violencia. Desde el Estado, los municipios y las gobernaciones a nivel nacional no se desarrollan medidas fuertes, no hay un lineamiento que defina que esa debe ser y debe priorizarse, esto tiene que ver con la transformación de la currícula en el Ministerio de Educación y otras medidas que deban darse de manera inmediata”, manifestó.
Apuntó que desde la sociedad civil existen varias iniciativas, por ejemplo, desde la Coordinadora de la Mujer están ejecutando el programa “Actúa ponle fin a la violencia contra las mujeres”, desarrollado con jóvenes, adolescentes, viendo temas culturales.
COMISIÓN
Por otro lado, Sánchez apuntó que la comisión que conformó el Gobierno tiene una tarea “relativamente sencilla” porque verán los casos de aquellos feminicidas y violadores que fueron liberados, datos que deberían estar registrado en la base de datos de la Fiscalía y el Órgano Judicial.
“Esa comisión va a identificar y esto no es difícil, una vez identificado se tienen que decir a la Policía que busque a esos tipos, pero el problema es que se van a dar a la fuga y otra vez exponemos a la sociedad, a las mujeres ponemos a merced de estos feminicidas y violadores, por eso la justicia es cómplice y encubre a estos perpetradores”, dijo.
Apuntó que lo valioso de la comisión sería lograr una sanción ejemplarizadora para jueces, fiscales, médicos y todos los funcionarios públicos involucrados en que no se cumpla la justicia.
Por otro lado apuntó que hay una sobrecarga procesal en juzgados y que hay algunos que no tienen especialización en violencia contra las mujeres.
“Hay 25 juzgados especializados para el tratamiento de violencia contra las mujeres y el restante son juzgados de violencia y transparencia, esa es una demanda de varios años, que se constituyan juzgados especializados, que se mejore el sistema para acceder a la información del estado del caso”, apuntó.