El presupuesto programado – en 2020 – por las nueve gobernaciones del país, para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, alcanzó al 0,2 % respecto al total de inversión, no obstante el ejecutado llegó al 0,1 % respecto al total, según información de la Coordinadora de la Mujer.

Según el Decreto Supremo N° 4012 de 2019, modificatorio al Decreto Supremo N° 2145 reglamentario a la Ley N° 348, Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, las gobernaciones deben asignar el 15 % de sus recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de seguridad ciudadana para acciones de prevención, construcción, funcionamiento y mantenimiento de casas de acogida y refugios temporales de víctimas de violencia, en el marco de la lucha contra la violencia en razón de género.

Sin embargo, el 2020, de los recursos destinados a seguridad ciudadana de la fuente de IDH, el departamento de La Paz solo asignó el 3,4 % a la lucha contra la violencia, no obstante que un 38 % de los feminicidios registrados en el país en la gestión 2020 (43 de 113) se concentró en este departamento. Cochabamba, Beni y Potosí asignaron por debajo del 10 %; Pando y Chuquisaca, el 13 %; solo tres departamentos superaron el 15 % determinado por ley; el departamento de Santa Cruz, programó el 17,6 %, Tarija 16,7 %.

De acuerdo a la Coordinadora de la Mujer, Oruro asignó el 45 %, empero llamó la atención de la institución, pues su asignación parecería triplicar lo exigido por la norma, pero ello podría deberse al hecho de que desde 2016 se fue programando un presupuesto específico para la construcción de la casa de acogida para el departamento, pero este presupuesto no se ejecutó.

“Cabe mencionar que, de acuerdo a norma, las nueve gobernaciones programaron recursos para la lucha contra la violencia de la fuente de IDH, excepto tres, que además programaron de la fuente de recursos propios para dicho fin. Estos son Potosí, que sumó 200 mil bolivianos; Santa Cruz, 1,5 millones de bolivianos; y Tarija, 1,1 millones de bolivianos. Esto demuestra que existe una voluntad de programar recursos, más allá de la norma”, se lee en el informe de la Coordinadora de la Mujer.

Asimismo, el documento advierte que el porcentaje de ejecución de las nueve gobernaciones del país llegó apenas al 30,8 % del total de recursos programados para la lucha contra la violencia en razón de género.

EJECUCIÓN INEFICIENTE

Haciendo una relación entre el total de la asignación presupuestaria para la lucha contra la violencia de los recursos de IDH más recursos propios y la ejecución de la misma, los datos tampoco son alentadores, refiere el documento.

“Llama la atención que respecto al presupuesto destinado a la lucha contra la violencia, el Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Oruro, que presenta el presupuesto programado más alto, tiene 0 % de ejecución, es decir, nada. En tanto, el GAD de Santa Cruz tiene un porcentaje de ejecución del 13,8 %, muy bajo respecto a su presupuesto programado. Mientras, los GAD de Beni, Pando y Potosí tienen un porcentaje de ejecución por debajo del 50 %. Finalmente, los GAD de La Paz con 95 %, Cochabamba con 93,1 %, y Chuquisaca con 84,1 %, presentando una ejecución presupuestaria eficiente”, se lee.

En promedio – señala el documento – el porcentaje de ejecución de las nueve gobernaciones del país llegó apenas al 30,8 % (5.702.621 bolivianos) del total de recursos programados para la lucha contra la violencia en razón de género (18.538.827 bolivianos).

Para la gestión 2021, las gobernaciones del país programaron el 0,2 % para la lucha contra la violencia en razón de género respecto al monto total de inversión, porcentaje similar a la gestión 2020.

A pesar de que estas dramáticas cifras se han incrementado de forma sostenida desde 2015, los presupuestos públicos contra la violencia de género siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, ni siquiera son ejecutados.