La detención de los tres activistas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC): Yassir Molina, Mario “Tonchy” Bascopé y Milena Soto, responden a una revancha del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, manifestó la periodista Amalia Pando.

Pando recordó que Nelson Cox fue Defensor del Pueblo en Cochabamba durante las jornadas de octubre y noviembre de 2019 y desde su cargo coordinó con los “masistas de K’ara K’ara y el Chapare para atacar y destruir los bloqueos de las ‘pititas’ contra el fraude y, tras la huida de Evo Morales, para levantar un cerco de hambre alrededor de la ciudad”.

Manifestó que sus enemigos fueron los motoqueros de la Resistencia Cochala que se organizaron para defender a una ciudad y su gente durante los 21 días que duró el paro contra el fraude.

“Desde la Defensoría, Cox los hizo calificar por la CIDH como una organización criminal y con su presencia en el Chapare aplaudió la provocación de Sacaba y echó los muertos que ellos mismos causaron sobre las espaldas de Jeanine Áñez”, acotó.

ACUSA POR CUATRO BOLSAS DE BASURA

La periodista dijo que el pretexto para encarcelar a los tres de la RJC son las cuatro bolsas de basura que echaron en la casa de la gobernadora de entonces Esther Soria y por haber pintado un grafiti sobre la pared de la Fiscalía General.

“Son infracciones que se compensan con una lata de pintura y son una ridiculez en comparación a la destrucción por parte de un grupo del MAS, justificada por la Ministra de Culturas, del monumento a Colón ubicado en el Prado paceño, una escultura de blanco mármol extraído de las montañas italianas y transformado en arte por las manos de los maestros Grazziossi y Guerzoni. En 1923 la comunidad italiana nos hizo este regalo con el nombre Bolivia debe navegar”, apuntó.

CON LA BASURA HASTA EL CUELLO

Asimismo, recordó que Cox justificó, y posiblemente coordinó, los diez bloqueos al botadero de K’ara K’ara, ubicado en el sur de Cochabamba. El más prolongado dejó 2,750 TN de basura en las calles y por entonces la pandemia del Coronavirus ya cobraba víctimas fatales.

“En total, sumando el tiempo de los diez bloqueos, Cochabamba estuvo durante 60 días con 40 mil TN de basura hasta el cuello, por múltiples razones: para contrarrestar a la Resistencia Cochala; después para que renuncie Jeanine Áñez; luego para pedir la libertad de tres masistas sospechosos de volar una antena de telecomunicaciones; hasta por una canasta de alimentos para los escolares”, precisó.

En este contexto de basura, moscas y ratones en todas las esquinas, la Resistencia Cochala llevó algunas bolsas de basura a la casa de la gobernadora Soria, en protesta por su negligencia para dar solución al problema.

Después se conoció una grabación de la gobernadora Soria coordinando con la gente de K’ara K’ara sobre los bloqueos a los carros basureros.

HERIDOS Y REHENES

Recordó que en mayo 2020, el gobierno transitorio usó un fuerte resguardo policial y militar para desbloquear el túnel de El Abra para que un centenar de camiones basureros puedan ingresar al botadero de K’ara K’ara. Lo consiguieron en medio de gases lacrimógenos, pero 65 no pudieron salir y varios choferes y policías resultaron heridos en el intento de escapar de la zona de conflicto.

En junio de 2020, militantes del MAS que se hicieron llamar los “auto convocados” tuvieron de rehén al cabo Iván Mayta. “Lo hemos entregado sano y salvo. No le hemos hecho nada”, declaraban sus captores, mientras Cox negaba que se hubiera producido un secuestro.

NI OLVIDO NI PERDÓN

Lamentó que el otrora defensor del Pueblo, Nelson Cox, no haya pedido “ni olvido ni perdón, ni justicia” para Limber Guzmán Vásquez, de 20 años, asesinado a golpes por una “horda masista” en Quillacollo. El parte médico indicó que tenía costillas rotas, traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de base de cráneo y muerte cerebral.

“Tampoco pidió cárcel para quienes volaron el 13 de noviembre de 2019, 200 metros del gasoducto Carrasco-Cochabamba, acto terrorista que costó millones de dólares en pérdidas para las industrias de Cochabamba, Oruro y La Paz que se paralizaron por falta de gas y otros miles en la reparación del ducto, tarea que demoró meses”, dijo Pando.

Apuntó que en junio de 2020, durante los bloqueos para pedir el adelanto de las elecciones, volaron cuatro antenas de comunicaciones, 3 en las cercanías de Yapacani – Santa Cruz, y una cerca de K’ara K’ara. Una joven identificó a tres de los autores, pero se retractó luego de ser secuestrada por los vecinos.

“Tampoco se conmovió de la Policía que durante semanas fue blanco de actos de violencia por lo que el 27 de noviembre de 2019 sus esposas tomaron durante 15 días las instalaciones de la Defensoría del Pueblo pidiendo la renuncia de Cox por falta de imparcialidad”, recordó.

NIEGA TORTURA A “TONCHY”

En julio pasado, cuando familiares denunciaron que el activista “Tonchy” Bascopé fue secuestrado y torturado al momento de su aprehensión, por destrozos en la Fiscalía General, Cox negó el extremo y aseguró que miembros de la RJC eran “delincuentes y criminales”, a quienes no corresponde la aplicación del derecho a la presunción de inocencia.

“Manejar como presunta comisión de delitos o presuntos delincuentes puede ser para cualquier ciudadano que tiene el derecho consagrado, sin embargo, en el caso propio de la Resistencia Juvenil Cochala, que es Delincuencia Juvenil Cochala, está comprobado los actos delincuenciales”, dijo Cox a tiempo de asegurar que fue víctima de ese grupo.

Sostuvo que hay varias víctimas de esa organización criminal y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó a la RCJ como un grupo armado y motorizado que ha participado en desórdenes sociales.

“Yo conozco quiénes son los agresores. Cuando conoces un caso que no tiene mucha implicancia puedes manejar la presunción, cuando te conste, una víctima tiene condición de saber quién es el agresor”, dijo Cox en la oportunidad.

La semana pasada, Cox afirmó que se investiga a personas con presuntas intenciones de rearticular “grupos irregulares”, que buscan la “convulsión social” del país.

“Existe información de intenciones de rearticulación de grupos irregulares como la ‘Delincuencia Juvenil Cochala’ con algunas supuestas plataformas y ya se viene identificando a los principales instigadores y financiadores”, se lee en un comunicado del Viceministerio en las redes sociales.

DATOS

El Ministerio Público investiga a Yassir Molina, Milena Soto, Mario Antonio y Fabio Bascopé, por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita, tenencia o porte de artefactos explosivos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, ilícitos que habrían sido cometidos durante las protestas de octubre de 2020 en puertas de la Fiscalía General del Estado.

Soto guarda detención domiciliaria, mientras que Bascopé y Molina están con detención preventiva.

En 2012, el exviceministro de Justicia, Nelson Cox, cometió un hecho de tránsito en la zona de Achumani de la ciudad de La Paz, en estado de ebriedad, e hirió a tres personas. Después del hecho, Cox intentó darse a la fuga, pero fue retenido por el conductor del vehículo dañado.