“Ha sido cobardemente asesinado en la madrugada del 1 de febrero cuando se dirigía a hacer fila para acceder a una aprueba rápida y gratuita de la Covid-19 al Coliseo Cerrado; siendo requisito para su atención en el hospital, por una lesión en su mano derecha, dada la indefensión y escasos recursos en la que nos encontramos los músicos y otros rubros de la creación cultural”, se lee en parte del pronunciamiento de los músicos.
Sus compañeros de arte y familia hicieron una ceremonia de despedida, pidiendo por el descanso de su alma. Además hicieron una misa en el lugar de los hechos, por la forma intempestiva, repentina y violenta en la que perdió la vida.
Refutaron la primera versión de la abogada Mónica Irusta, que patrocina al imputado, un joven de 21 años, quien argumentó que el hecho se dio en defensa propia ya que la víctima había intentado robar sus pertenencias a su cliente.
“Está mellando la dignidad del artista creador que aportó de gran manera a la difusión de la cultura nacional. Él no era ningún ladrón”, dijeron.
Tras que las cámaras de vigilancia de la zona develaran que el joven atacó violentamente a la víctima apuntándole con el puñal en varias ocasiones, la abogada que patrocina al imputado cambió su alegato y dijo que su cliente tiene problemas psicológicos, mismos que debieran ser valorados por la autoridad jurisdiccional a quien pedirían un proceso abreviado acogiéndose a la pena máxima de 30 años.
“Hay informes que demuestran que este ciudadano tiene cuadros psicóticos, ha sido ya sometido a valoraciones psicológicas, pero por desgracia no ha recibido un tratamiento psiquiátrico”, apuntó
Los colegas del músico recordaron que el “asesino” no se entregó voluntariamente, por el contrario de acuerdo a declaraciones de autoridades policiales se asegura que la investigación en el sitio los llevó a dar con imputado, ya que siguieron las huellas de sangre.
“Actuó con mucha saña, demostrado en el video la crueldad y violencia de su accionar, exigimos se realice un juicio ordinario y se lleve al agresor a la cárcel de máxima seguridad de Chochocoro, dándole la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, siendo que la misma abogada que lo defiende dice no tener elementos de convicción. Y antes de que pretenda acogerse a alguna otra figura de excepción, apoyada en un supuesto no demostrado técnicamente, exigimos la pena máxima”, dice en otra parte del pronunciamiento.
VÍCTIMA
Eduardo Castro Chávez era autoridad originaria del municipio de Laja, artesano, constructor de instrumentos de viento, músico y compositor, reconocido a nivel nacional e internacional. Fundador e integrante de varios grupos de música autóctona como: K´oanzani Ayata, Comunidad 3 de Mayo, Comunidad Sartam, Comunidad 24 de Junio, Taller de Proyección Cultural de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), entre otros, además de música criolla y fusión grupo Qhana.
Hasta el cierre de emisión de este medio de comunicación la audiencia de medidas cautelares del imputado seguía en desarrollo.