La jueza segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto, Milenka Gutiérrez, quien en 2010 fue sentenciada por desaparición de dineros en el caso Catler, fue notificada con su destitución el 13 de septiembre tras un proceso disciplinario por faltas gravísimas iniciado por el abogado Luis Fernando Fernández, según documentación a la que EL DIARIO tuvo acceso.

“En cumplimiento a lo dispuesto por la Sentencia Disciplinaria Nº 64/2019 de fecha 17 de julio de 2019, emitido por el doctor Alejandro Ubaldo Mujica Arias, juez disciplinario primero y Resolución Nº SP-AP Nº 375-A/2019, de fecha 1 de octubre de 2019, emitido por el Tribunal de Segunda Instancia Disciplinaria del Consejo de la Magistratura que declara probada la falta disciplinaria prevista en el artículo 188 parágrafo I numeral 11 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, esta unidad en sujeción al artículo 20 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental procede a ejecutar la sanción disciplinaria que establece la destitución del cargo, a partir de su notificación con el presente memorándum”, se lee en parte del documento CMLP/URH/SD Nº 45/2021.

La acusación interpuesta fue porque en una audiencia de medidas cautelares, en su condición de Jueza, Gutiérrez cedió la palabra a terceras personas, sin ser éstas partes del proceso penal y quiénes habrían solicitado la detención preventiva del denunciante.

Por la misma denuncia se abrió un caso en la vía penal, empero Gutiérrez no asistió a su audiencia cautelar, por lo que la juez Cuarto Anticorrupción de La paz, Melina lima, la declaró rebelde, en 2019. A la fecha no hay respuesta de la misma

CATLER

El 23 de noviembre de 2011, el Ministerio Público presentó una acusación pública contra Gutiérrez y otras tres personas por la desaparición de 50.000 dólares de la sección de Custodia de Evidencias y Valores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Ese año, Milenka Gutiérrez fungía como abogada y asesora legal del departamento de la Policía Técnica Científica, designada mediante memorando 39/2009 de fecha 26 de junio del año 2009, efectuada mediante orden del coronel Alberto Aracena.

El 2009 se dispuso el secuestro de dos sumas de dinero, la primera de ellas por el monto de 50.000 dólares y la segunda por 132.800 dólares. Ambas sumas fueron recuperadas tras dar con los autores materiales del asesinato y atraco al empresario, socio de Catler-Uniservice, el tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, en la ciudad de La Paz, quien llevaba consigo la suma de 450.000 dólares.

Esos dineros fueron remitidos a la oficina de Custodia y Evidencia, que estaba a cargo del teniente Roberto España, a quien se entregó los montos económicos suscribiendo las actas de recepción en fecha 29 de enero de 2009 y 17 de febrero de 2009, respectivamente.

En fecha 25 de enero del año 2010, la comisión de fiscales del caso Catler emite requerimientos exigiendo que el encargado de Custodia de Evidencias entregue el dinero secuestrado en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin embargo España hace caso omiso.

El 1 de abril del año 2010 se habría sustraído varias evidencias de la oficina de Custodia y Evidencia, entre ellos los 50.000 dólares del caso Catler.

Posteriormente, los acusados, entre ellos Roberto España y Milenka Gutiérrez, aparentan un supuesto hecho de robo perpetrado por terceras personas, intentando hacer creer que al momento del robo, el encargado se encontraba delicado de salud e internado en la clínica virgen de Copacabana, empero la internación no contaba con una orden de tratamiento controlado o alguna intervención quirúrgica.

Por ese hecho, Milenka Gutiérrez fue sentenciada a dos años de prisión por los delitos de peculado en grado de tentativa, encubrimiento, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.

En su declaración informativa, Milenka Gutiérrez expresó que nunca fue funcionaria pública y que fue invitada por el coronel Alberto Aracena para prestar colaboración en esa recepción como asesora legal, por su especialidad en investigación criminal, aclaró que el trabajo lo hacía sin goce de haberes.

Aseguró que la fecha en que se suscitó la sustracción del dinero de la oficina de evidencias, ya no desempeñaba funciones y que la involucraron en el hecho porque mantuvo una relación sentimental con el fiscal a cargo del caso, quien la habría imputado por razones personales.

OTROS CASOS

En enero de 2018, el exdirector de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, pidió al Ministerio Público aprehender e imputar a los jueces Iván Córdova y Milenka Gutiérrez por la devolución “ilegal” de bienes confiscados al narcotráfico a terceras personas.

Contra ambos jueces se presentó denuncia el 2017 por los delitos de incumplimiento de deberes con afectación al Estado y prevaricato.

El 6 de enero de 2020, la Fiscalía Departamental de La Paz informó que se aprehendió a Gutiérrez por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato, al otorgar libertad al empresario Marcelo Hurtado en ausencia de los representantes del Ministerio Público.

En septiembre de 2020, Milenka Gutiérrez concedió una acción de libertad al fiscal general, Juan Lanchipa.

Este medio de comunicación buscó la versión de Gutiérrez pero no tuvo éxito.