El desconocimiento de funcionarios de ventanillas a la hora de atender un trámite, la necesidad de actualizar la cédula de identidad para contar con un código QR, una minuta aclaratoria cuando todos los datos están claros, son algunos inconvenientes con los que usuarios de La Paz se encuentran cada día en las oficinas de Derechos Reales (DDRR), según denuncias que llegaron a EL DIARIO.

“Mi cédula de identidad está vigente, vence el 2025, no tiene código QR pero en Derechos Reales me exigen que tenga código QR, o sea mi documento no sirve, ¿dónde dice eso?, entiendo que el momento de renovar te asignan el nuevo, en ningún lado dice que es obligación renovar para tener el código”, lamentó una mujer que después de hacer fila más de una hora tuvo que irse sin realizar su trámite.

Abogados consultados por este medio aseguraron que no hay norma alguna donde se exija a los bolivianos tener el documento de identidad con código QR.

El abogado Marcio Ramos, en contacto con EL DIARIO, manifestó que los trámites en DDRR, en todo el país, son la pesadilla del usuario que con distintos motivos resulta víctima de la corrupción de esas oficinas.

“Digo en todo el país porque unas más que otras son denunciadas, pero todas son la vaca lechera de sus funcionarios, de los cargos de abajo hasta los altos cargos”, aseveró a tiempo de aclarar que estas modalidades “corruptas” han establecido un tarifario que hace posible cualquier irregularidad, desde la obtención de certificado de no tener anotado ningún inmueble en DDRR, para gestiones bancarias, una de las más solicitadas.

Apuntó que los funcionarios cotizan generalmente en dólares la eliminación de hipotecas, deudas, garantías, etc., o su introducción arbitraria. Costos que oscilan entre 600 a 10.000 dólares inclusive, en este caso para acelerar el despacho de las anotaciones de departamentos en edificios nuevos.

DENUNCIAS

Otra persona que llegó a EL DIARIO lamentó que exijan una minuta aclaratoria cuando los datos están claros, extremo que incrementa el costo y el tiempo del trámite.

“Se sabe que una minuta de compra y venta avala la adquisición de un bien inmueble o terreno, pero ahora piden una minuta aclaratoria, cuando ni siquiera hay una observación, eso es absurdo, por un punto y coma que ellos mismos se equivocaron te piden hacer el trámite aclaratorio que cuesta entre 200 a 250 bolivianos, encima te dan el número y la dirección del notario”, dijo otra persona que llegó a este medio.

El señor de la tercera edad aseguró que esas exigencias incrementan el costo hasta en un 300 %, llegándose a pagar hasta un total de Bs 600 solo por presentar el documento y hacer una o varias minutas aclaratorias, ya que las observaciones varían dependiendo el funcionario que los atienda.

Al respecto, Ramos manifestó que la corrupción en DDRR es de nunca acabar ya que los funcionarios observan hasta el punto que está demás.

“Te observan hasta el punto y sin ningún tipo de remordimiento te dicen vaya donde tal y el tal te cobra mucho más de lo que harían otros y si no llevas con la firma del tal te siguen observando”, refirió.

El jurista reiteró que los funcionarios de DDRR conformaron una “mafia”, a tal extremo de socializar sus tarifas en dólares.

“Son tres manos por la que pasa el hacer un trámite, por ejemplo, tienes observaciones por el nombre de una calle que todavía no existe en tu zona, debes pagar 300 dólares para que el trámite pase sin ningún problema, ahora para el que te va a ayudar el costo es de 200 dólares. Además del costo de tus trámites debes tener un extra de 500 dólares, esto es un secreto a voces que nadie pone coto y menos los del Consejo de la Magistratura”, apuntó.

CIUDAD DIGITAL

Otro ciudadano que llegó a este medio refirió que el lugar donde tiene su terreno no tiene nombres de calles porque el municipio no lo puso aún empero los funcionarios le exigen que deba estar referenciado, por ejemplo, casa Nro.777 ubicada entre la calle sin nombre esquina calle sin nombre.

Al respecto, el jurista aseguró que se debe apuntar a una ciudad digital donde los más de 300 municipios deben tener todo digitalizado y trabajar en línea con DDRR.

DESCONOCIMIENTO

DE FUNCIONARIOS

Las personas que llegaron al Decano de la Prensa Nacional manifestaron que el desconocimiento de los funcionarios de ventanilla a la hora de atender un trámite es alarmante, además de la displicencia con la que hacen las observaciones a “su gusto y placer”.

“Una vez que el tramitador subsana las observaciones y vuelve a presentar el trámite, en la misma ventanilla, el que le recibe le dice que él no estaba de turno ese día que le indicaron hacer las observaciones y que éstas no eran necesarias, además que el trámite corresponde a otra ventanilla”, lamentaron.

Los usuarios apuntaron que las mejoras prometidas se queden solo en anuncios, ya que continúan las largas filas, la desorientación de quienes “por desgracia” deben hacer este tipo de trámites, por lo que se hace necesario una urgente capacitación del personal de ventanillas sobre el curso que deben seguir los trámites, requisitos a cumplir y especialmente en la celeridad que se deben dar a los trámites, ya que varias personas necesitan especialmente vender algún bien inmueble o terreno para cubrir urgentes necesidades económicas y esto no puede ser posible porque el trámite queda por meses y hasta años en Derechos Reales.

EL DIARIO, en cumplimiento al principio de equidad, buscó de manera insistente la contraparte, pero el responsable de esas oficinas no fue habido.

PROYECTO DE LEY

En agosto pasado, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, manifestó que el problema de burocracia y corrupción al interior de DDRR genera problemas relacionados con el tráfico de tierras, avasallamientos e inseguridad jurídica, motivo por el cual se trabaja en un anteproyecto de ley que contenga los mecanismos de control y transparencia.

“El problema de Derechos Reales es que hay que atacarlo, es un problema que abarca a nivel nacional, el tráfico de tierras, avasallamientos e inseguridad jurídica. Nadie garantiza que su derecho propietario este blindado porque hay una institución que tiene un sistema altamente vulnerable, obsoleto y modificable”, dijo.

Aseguró que este proyecto de ley tiene dos componentes: el técnico, en el que su actual sistema informático, que tiene muchos vacíos, hay que sustituirlo; y el legal, también el de sustituir una Ley de 1887 de la época de Gregorio Pacheco.