La jueza Regina Santa Cruz emitió una conminatoria, en octubre de 2017, para que la Fiscalía acuse a los imputados por un caso de estafa de un bien inmueble, sin tomar en cuenta que la imputación formal fue impugnada. Este extremo trabó y dilató el proceso que inició en 2016, por lo que los denunciados buscan la extinción del proceso, denunció a EL DIARIO la víctima.

En junio de 2016 la señora Marianela Salas, adquirió un terreno en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, por una oferta que le hizo la suegra de su entonces abogado, por un costo de $us 160.000.

El jurista que la patrocinaba le aseguró que todos los papeles estaban en orden y que podía proceder con la adquisición, sin embargo, Salas no caía en cuenta que estaba siendo objeto de una estafa que la llevaría años peregrinando por justicia para recuperar el dinero que consiguió hipotecando su casa.

“A los ochos días de haber estado en posesión del terreno, aparece un joven que dice que es el hijo de los dueños y que sus papás jamás habían vendido. Lo más curioso es que en ese encuentro dice: ‘esa Gladis no es la dueña’, y la tal Gladis era la que me estafó, la suegra de mi abogado, y cómo el hijo de los dueños va a saber el nombre de la estafadora, ahí me ubiqué que todo estaba relacionado y que yo no era la primera estafada, fui a los medios de comunicación y a raíz de ello me llaman otras personas que también fueron estafadas con el mismo terreno, es decir el mismo terreno vendieron a varias personas”, relató.

A raíz de ello, Salas, inició una denuncia en contra de cinco personas, tras las investigaciones la misma se amplió contra otras tres. De los ocho sindicados, ya murieron tres.

De inicio, los estafadores fueron enviados con detención preventiva, sin embargo fueron beneficiados con detención domiciliaria y a la fecha no le devolvieron un solo dólar.

Salas apuntó que la jueza Regina Santa Cruz, envió a la estafadora con detención domiciliaria en una audiencia por demás irregular porque en la notificación no pusieron la dirección de dónde se llevaría la misma, por lo que ese acto jurídico se realizó sin la presencia de la parte demandante ni la fiscal del caso.

PROCESO TRABADO

El 3 de febrero de 2020, Salas, presentó una denuncia contra la juez de Instrucción en lo Penal 9º de La Paz, Regina Santa Cruz, por irregularidades en el proceso contra Gladis Gutiérrez y otros.

Explicó que el 31 de julio de 2017, una de las imputadas, Rocío del Carmen Torrico S., planteó incidente de defecto procesal absoluto contra la imputación formal, recurso que no fue resuelto en la etapa preparatoria. No obstante, el 27 de octubre de 2017, Santa Cruz emite una conminatoria y en respuesta, la Fiscalía presenta la acusación formal el 9 de noviembre de ese mismo año.

“No debió emitirse un auto de conminatoria toda vez que la resolución de imputación formal (…) fue impugnada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa absoluta, misma que fue resuelta mediante Resolución Nº 308/2019 de fecha 12 de junio del mismo año, resolución que se encuentra apelada sin que a la fecha se tenga conocimiento de las resultas”, se lee en parte del documento.

Aclaran que para efectuar el cómputo de la etapa preparatoria, y al estar impugnada la resolución de imputación formal, no puede efectuarse el cómputo del plazo.

Por todas las irregularidades cometidas por la jueza Regina Santa Cruz, el Consejo de la Magistratura confirmó la Resolución Disciplinaria emitida por el juez disciplinario 3º del Distrito de La Paz que impuso una sanción de suspensión de tres meses sin goce de haberes. Este extremo no fue aplicado aun porque la jueza presentó aun amparo.

PEREGRINANDO

JUSTICIA

Salas denunció además que la Fiscalía rechazó algunos delitos como uso de instrumento falsificado que estaba respaldado con una pericia del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), ya que se demostró que el poder con el que le vendieron el terreno tenía las firmas fraguadas. “También rechazó el ilícito de asociación delictuosa que también fue demostrada”.

Por la desesperación y por las amenazas de que los denunciados buscan la extinción del proceso, por el tiempo prolongado, Salas recurrió a varias autoridades como el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima y oras autoridades, empero no encontró respuestas.