Tras dos años de un proceso por presunta negligencia médica, el galeno que enfrenta querella por homicidio culposo, sin haber sido encarcelado, continúa siendo beneficiado por el decreto de amnistía e indulto emitido durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, para combatir la sobrepoblación carcelaria en pandemia, sostuvo Nelson Andrés Ustaris.

Ustaris, hijo de la señora Cristina Barrientos (+), relató que su madre ingresó al Hospital Cossmil de la ciudad de La Paz el pasado 18 de abril de 2019, con la finalidad de someterse a una cirugía de vesícula, programada para realizarse por laparoscopía, tras la intervención no se cumplió de forma efectiva con los controles post operatorios y la paciente terminó falleciendo después de una agonía de aproximadamente 40 días en terapia intensiva, tiempo en el que fue sometida a otras cinco intervenciones.

“Desde las primeras horas del post operatorio comenzó la agonía incesante de nuestra mamá, presentó dolores extremadamente fuertes en su abdomen, que la hacían revolcarse y gritar de dolor, los médicos y residentes de turno solo se limitaban a recetarle simples calmantes”, indicó.

Ustaris denunció que el médico que operó a su madre, Enrique S. Q., se ausentó durante el post operatorio y recién al tercer día apareció para valorarla, descubriendo mediante una nueva intervención, una perforación provocada durante la operación, en el intestino grueso de la paciente, circunstancia que le provocó una peritonitis grave.

Ante el hecho, el Ministerio Público inició un proceso de oficio el 29 de mayo de ese año, procediendo a realizar la autopsia de ley, seguida de una auditoria externa al historial clínico de la fallecida, encontrando responsabilidad penal para galeno, procediendo con su acusación formal por el delito de homicidio culposo.

El abogado Marco Antonio Vargas, quien representa a la familia de la fallecida, señaló que a dos años de iniciado el proceso, este no avanza debido a la constante obstaculización del médico acusado, cuya defensa además logró acogerse a un decreto de amnistía emitido durante el Gobierno de Jeanine Áñez (Perdón Judicial Nº 4226 -Mayo de 2020) en el que se quita el delito de homicidio culposo de las exclusiones para beneficiarse del indulto.

“El homicidio culposo es un tipo de delito que afecta a la vida, entonces no deberían permitir que esté contemplado porque afecta a un derecho fundamental como es el derecho a la vida”, manifestó el jurista.

Vargas atribuye la determinación del gobierno de Áñez para decretar esta amnistía, a intereses políticos del momento, con la finalidad de beneficiar a médicos implicados en casos de mala praxis y negligencia, que enfrentan procesos por homicidio culposo.

Señaló que la Juez 12 de Sentencia en lo Penal de La Paz concedió la amnistía al acusado pese a que nunca se determinó su detención preventiva en algún penal y que el delito de homicidio culposo está excluido de los requerimientos para beneficio de amnistía por varias instancias que representan y se encargan de la defensa de derechos humanos.

De momento, este caso se encuentra a la espera de una resolución de apelación, cuya audiencia aún no cuenta con fecha.

Por responsabilidad, este medio se contactó con el galeno denunciado para conocer su versión de los hechos y su posición sobre las acusaciones en su contra.

En primera instancia, negó todas las acusaciones por conducta negligente al momento de realizar su trabajo y específicamente al atender el caso de la mujer fallecida, señalando que las causas de la muerte no están relacionadas con la intervención quirúrgica realizada por su persona y que tanto los procesos y controles post operatorios se realizaron en su debido momento.

Añadió que los estudios realizados al cuerpo de la fallecida no fueron concluyentes en el aspecto de las causas de muerte.

Sobre el decreto de amnistía al cual se acogió para evitar una sentencia y su correspondiente encarcelamiento, sostuvo que cumplió con todos los requisitos para poder ser beneficiado con esta amnistía.

“Por el tipo de delito, edad y por el Decreto Supremo, este decreto aplica a personas con medidas cuatelares y yo estoy con detención domiciliaria con derecho a salidas laborales, en otras palabras estoy cautelado”, indicó el galeno.