A través de un pronunciamiento, el ITEI lamentó que desde el momento en que el exfuncionario denunció las irregularidades en el Fondo Indígena, en 2015, fue presumido culpable y estigmatizado socialmente por todas las autoridades estatales.

“Cuando él tuvo el atrevimiento de responder a las acusaciones de las autoridades gubernamentales, o señalar la responsabilidad de ciertos funcionarios del Fondioc, el castigo fue inmediato. Ya sea con visitas de desconocidos que lo amenazaban de muerte a él y su familia, ya sea con la fila de jueces y fiscales que se presentaron en el penal de San Pedro con tal de incrementar lo que debía ser un solo proceso hasta alcanzar una cifra absurda de procesos por un mismo hecho”, se lee en parte del pronunciamiento.

Asimismo refiere que muchos de los escoltas designados para los viajes torturaron al señor Aramayo, así como también lo hizo el personal de seguridad de diferentes penales del país.

Manifiestan que Aramayo sufrió torturas biológicas cuando lo privaron de alimentos, agua y medicamentos durante horas. Sufrió de torturas físicas cuando lo golpearon y lo forzaron a viajar esposado y en posiciones forzadas del cuerpo. Sufrió de tortura psicológica cuando lo amenazaron, extorsionaron, insultaron y humillaron.

“El mismo gobernador de San Pedro mostró declarada hostilidad contra el señor Aramayo, castigándolo en repetidas ocasiones sin que haya ninguna base fáctica para ese trato discriminatorio. Tales hechos son tan solo una pincelada superficial de lo que le han hecho pasar al señor Marco Antonio

Aramayo en vida. Porque ese monstruo de tres cabezas conformado por ciertos funcionarios del poder Ejecutivo, del poder Judicial y de la Policía ha puesto en peligro la vida del señor Aramayo en más de una ocasión”, refiere el documento.

Aclaran que no hablan de la culpabilidad o inocencia del señor Aramayo, ya que ese campo no les compete, así como tampoco es su atribución polarizar la opinión pública con tal de ganar afectos o generar odios.

“Lo que sí nos compete  y aquello por lo que abogamos es el derecho que tiene toda persona a ser juzgada tal y como estipula el debido proceso, en pleno respeto de los derechos humanos y de la dignidad de los individuos. Y lamentamos que, hasta ahora, el Estado boliviano haya fallado de una forma tan espectacular en garantizar estos derechos. Porque se ha hecho del señor Aramayo un mártir. Y se ha hecho de su martirio un espectáculo. Ni aunque hubiera sido el peor criminal en la historia de Bolivia, habría merecido el trato que se le ha dado”, puntualizan.