En primera instancia, la petición fue rechazada en menos de 48 horas por la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca, arguyendo que “se desestima la demanda por falta de pruebas”, cuando este es un caso de juicio de responsabilidades que debe analizarse en la Asamblea Legislativa.

En entrevista con el periodista Nicolás Sanabria, el exjuez recordó que desde finales de la década de los años 90 hubo disposiciones legales para evitar la enajenación de la empresa ferroviaria boliviana.

Cuando Evo Morales llegó al poder en 2006 emitió el Decreto Supremo 28971 que disponía la recuperación de bienes de ENFE Residual, incluso de manos de terceras personas, expuso Obregón, pero aquellas acciones nunca fueron desarrolladas por el Gobierno, sus ministerios e instancias como la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado.

El daño económico ascendería a los 3 mil millones de dólares, según el avalúo de bienes que realizó la Contraloría al año 2000. Obregón recordó que la libre disposición de bienes nunca tuvo una ley de transferencia que respalde esas acciones, por lo que Morales y su gobierno tenían toda la potestad para recuperar esos activos a favor del Estado.

El entonces juez Obregón llevó adelante la investigación, cuando se identificó a todas las personas que estaban disponiendo de los bienes de ENFE en 2003, y se comenzó la distribución de esos activos sin ningún sustento legal.

“Este es un caso de corrupción extrema que no puede quedar en la impunidad”, señaló el jurista.

Asimismo, Costa Obregón anticipó que el actual presidente Luis Arce también tendrá que ser convocado en calidad de testigo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para responder en este caso, pues en su momento fue ministro de Economía de Morales y, por tanto, era el responsable de todos los activos del Estado y tenía su cuota de responsabilidad en el tema.

El DS 28971 en su artículo 4 señala: “Se instruye al Presidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Ferrocarriles - ENFE, a proceder con la debida celeridad a tomar las acciones legales conducentes a recuperar bienes y recursos de ENFE que se encuentren en manos de terceros y a obtener el debido resarcimiento por el daño económico y patrimonial que hubiesen causado autoridades, exautoridades, funcionarios, exfuncionarios, durante el ejercicio de sus funciones y otras personas que hubieran cometido hechos y actos contrarios a la empresa”.

En 2019, el exjuez ya alertaba el incumplimiento al Decreto por parte del Ministerio Público, que incluso recibió recomendaciones de la Cámara de Diputados para activar acciones de intervención a predios privados, como un terreno inmueble en la avenida Manco Kapac de La Paz, valuado en 7 millones de dólares. (Visor.Bolivia)