El convenio suscrito entre la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), para el acceso a información y datos a través de la interoperabilidad de los sistemas informáticos, permitió acceder al secreto bancario de la expresidenta, Jeanine Añez, denunció el abogado Jorge Valda a tiempo de aclarar que esta es una información confidencial estipulado en la Constitución Política del Estado (CPE).

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló en conferencia de prensa, que la exmandataria accedió a dos créditos por 50 mil dólares cada uno, en 2020, con Arturo Murillo y Rodrigo Méndez como garantes.

Del Castillo anunció que investigarán a la expresidenta por la presunta obtención de créditos irregulares y una supuesta implicación en el caso gases lacrimógenos.

“La adquisición de estos créditos nos demuestra que en menos de 30 días se le habría otorgado dos créditos por más de 50 mil dólares cada uno. Casi 100 mil dólares se habría otorgado para la compra de un bien inmueble y los garantes de la señora Jeanine Añez eran el señor Arturo Murillo y el señor Rodrigo Méndez, justo en las fechas aproximadas cuando se realizaban los desembolsos de la compra de los gases lacrimógenos que ocasionó una pérdida al Estado de 2,3 millones de dólares, caso por el cual se ha declarado culpable el señor Méndez en Estados Unidos”, apuntó.

La autoridad de Gobierno aseveró que necesitan saber por qué se le otorgó un crédito a una persona para comprar un inmueble con garantías personales.

“¿Cuando uno quiere comprarse una casa le aceptan una garantía personal?, ¿Cuando uno quiere sacar un crédito por 100 mil dólares le aceptan una garantía personal?”, cuestionó Del Castillo.

Al respecto, Valda aclaró que el adquirir un préstamo no supone un delito y que Añez como cualquier otro ciudadano accedió al mismo y nombró como garantes a dos personas que tenían un patrimonio para respaldar el crédito.

“Lo único que hace el ministro al hacer este tipo de declaraciones es demostrar que Añez solicitó un crédito y accedió a él, pudo nombrar a cualquier ciudadano que tenga un patrimonio garante, eso no constituye delito. Lo que hace el ministro es difamar porque está utilizando los recursos del Estado para perseguir y para encarcelar”, dijo.

En similar criterio, la hija de la expresidenta, Carolina Ribera, lamentó que se criminalice la solicitud de crédito de la exmandataria y que solo desprestigien a su madre.

“¿Qué carcelero ataca a una mujer detenida? ¿Qué sadismo criminaliza que una expresidenta solicitara un crédito? Si no lo hubiera pedido, dirían también que le sobra dinero. No saben qué inventar para desprestigiar y justificar la prisión política, ilegal y abusiva de Jeanine Añez”, escribió Ribera en sus redes sociales.

ACUERDO

Valda apuntó que el acuerdo entre el Ministerio Público y la UIF, suscrito el martes pasado, permitirá acceder a ese tipo de información de todos los ciudadanos.

“¿Cómo el Ministro de Gobierno ha obtenido información confidencial bajo la premisa del secreto bancario estipulado en la CPE si no es a través de la implementación tácita de la ley antilegitimación que a título de retirarla ya está en práctica?”, cuestionó el jurista en entrevista con EL DIARIO.

El 12 de octubre, el fiscal general, Juan Lanchipa, y la directora general de la UIF, Ana María Morales, suscribieron un convenio de cooperación y coordinación interinstitucional.

“El convenio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación, cooperación y apoyo técnico entre la UIF y el Ministerio Público, así como el acceso y transmisión de información y relevamiento de datos u otros productos a través de sistemas informáticos interoperables, con carácter restringido y controlado, necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales en el marco de las competencias de ambas entidades, que permita mejorar la investigación y procesamiento de delitos de legitimación de ganancias ilícitas y sus delitos precedentes, así como el financiamiento del terrorismo”, se lee en un boletín de prensa de la Fiscalía del 12 de octubre.

DATOS

Arturo Murillo, Sergio Méndez y otros tres ciudadanos americanos son acusados por los delitos de lavado de dinero y sobornos en Estados Unidos. Presuntamente sacaron ventajas en la importación de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma, realizada por Bolivia cuando el exministro estaba en funciones.

La operación involucró a una empresa intermediaria y el dinero fue enviado a cuentas en Estados Unidos, por ello se detuvo a ambas exautoridades en mayo pasado. Murillo espera audiencia el próximo 8 de noviembre, mientras que Méndez ya se declaró culpable y espera la lectura de sentencia en diciembre.