El Comité Cívico por Santa Cruz denunció ayer una tentativa de aprehensión a su presidente Rómulo Calvo, cuya orden no contaba con el sustento. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó este extremo.

“Nuestro presidente está siendo víctima de amedrentamiento (…) y persecución política. En horas de la madrugada hubo un intento de aprehenderlo, con una orden que viene de la ciudad de La Paz, que no tiene fecha de cuándo se ha iniciado, ya está cargada en el sistema judicial”, declaró el vicepresidente segundo del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, en conferencia de prensa.

Agregó que se pretendía llevarlo a declarar “de una forma ilegal e involuntaria” por denuncias “que no tienen fundamento” y además la citación no tenía sustento legal.

A tiempo de negar la orden de aprehensión, el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, durante una conferencia de prensa en Santa Cruz lamentó que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, haya buscado cargos para eludir a la justicia boliviana y ahora señale que es un perseguido político, sin rendir cuentas sobre sus procesos de corrupción.

“Tiene un proceso que el propio exalcalde Percy Fernández habría iniciado al Señor Rómulo Calvo, y él será quien debe rendir cuentas al pueblo boliviano, no decir que es una persecución política, sino decir que hizo con la plata del pueblo cruceño”, manifestó.

El ministro detalló que Rómulo Calvo tiene decenas de procesos en la justicia boliviana, no necesariamente interpuestos por el Movimiento al Socialismo (MAS), sino, de época anteriores, por lo que deberá rendir cuentas al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, por los actos de corrupción por los cuales se lo acusa.

“Tiene un proceso por corrupción, lamentamos que personas que han delinquido, que han saqueado al pueblo boliviano, se conviertan ahora en políticos para escudarse de sus obligaciones con la justicia boliviana”, acotó.

El Ministerio Público de La Paz admitió una denuncia contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por los delitos de sedición y conspiración por el paro cívico nacional que se desarrolló en noviembre contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Alave confirmó esa información y señaló que la denuncia fue admitida el pasado miércoles, la fiscal a cargo del caso realizará las diligencias correspondientes en los plazos establecidos.

“Existe una denuncia que se está admitiendo y se están realizando las diligencias correspondientes, apenas son dos días de la admisión y la fiscal va a generar que se comisione a los investigadores que estarán a cargo del caso”, informó la autoridad.