Alba precisó que después de una investigación, en coordinación con el Ministerio de Educación, se evidenció que siete de 13 personas que accedieron al puesto de trabajo, presentaron documentación falsificada.
La jurista explicó que este hecho causó un daño económico a la casa superior de estudios por lo que solicitan que las sindicadas devuelvan los ingresos que percibieron desde 2016 y otras desde 2009.
Por otro lado, en la gestión 2019, la jefa del área jurídica de la UMSA, María del Carmen Villanueva, manifestó que desde 2018, esa casa superior de estudios encaraba 53 procesos por títulos falsos en el sector público y privado.
En la oportunidad, la jurista explicó que si bien hay una norma que instruye la auditoría de estos documentos en todas las entidades del Estado, no hay control para quienes ejercen una profesión de forma independiente.
Villanueva recordó en la oportunidad que en 2015 el Ministerio de Transparencia instruyó a las instituciones públicas que auditen los títulos académicos de su personal como una medida para la lucha contra la corrupción.
DECRETO SUPREMO
El Decreto Supremo 214, que aprueba la política nacional de transparencia contra la corrupción, instruye a las entidades públicas a verificar los títulos profesionales de su personal de forma obligatoria y periódica. Sin embargo, no hay una norma similar para el sector privado y para quienes ejercen una profesión de forma independiente.