La abogada Zuleyka Lanza que patrocina a la familia de Cristofer Q. informó que el jueves presentaron una querella formal contra dos funcionarios policiales y el director de Régimen Penitenciario porque pese a existir una denuncia no hizo nada.

“(Por) la muerte sádica, brutal que ha recibido este ciudadano se ha denunciado la responsabilidad penal del teniente coronel Miguel Ángel Z. y el subteniente Wilson T. quienes aparentemente fueros los que torturaron a esta persona desde el mes de septiembre”, dijo la jurista a EL DIARIO.

Lanza precisó que sustentan su denuncia con fotografías, conversaciones de WhatsApp y audios que se envió haciendo conocer que los cinco privados de libertad eran torturados a través de golpes y gasificaciones.

En ese marco, el mismo jueves la familia de la víctima pidió el certificado médico forense, fotocopias legalizadas de todos los obrados y las imágenes de la autopsia médico legal al cuerpo de la víctima.

“Lo violaban constantemente, le han marcado con una G en uno de sus brazos como si fuera ganado y nadie hizo nada, se tiene que dar con los responsables”, dijo.

La jurista aclaró que los centros penitenciarios son cárceles para guardar detención preventiva, nos lugares para torturar, violar y quitar la vida de un ser humano.

“Sabemos que existen mecanismos legales para poder disciplinar a los que se portan mal en el centro carcelario, de ninguna manera se puede torturar, eso es un delito y estamos para pedir que se llegue a la verdad histórica de los hechos, por eso nos hemos constituido en partes porque este ciudadano ha dejado en la orfandad a una menor de dos años de edad”, dijo.

Lanza apuntó que en este caso también hay responsabilidades administrativas ya que al haber una denuncia, el director de Régimen Penitenciario debe elevar un informe indicando por qué se ha hecho caso omiso a las denuncias.

SIN DOCUMENTACIÓN

Por otro lado, la jurista indicó que en este caso también existe un cierto grado de responsabilidad del Órgano Judicial ya que sentenciaron a una persona indocumentada.

Explicó que al percatarse que el acusado era indocumentado, las autoridades judiciales debieron establecer el derecho de la persona, es decir quién es y hacer un estudio bio-psico social de la situación en la se encontraba.

Lanza aclaró que Critofer Q. nunca tuvo cédula de identidad, certificado de nacimiento u otro documento, por ello, las autoridades judiciales sentenciaron a una persona X que jamás ha tendido documentación porque su mamá murió cuando él era niño y se quedaron en la calle porque su papá los abandonó.

“Cuando un niño está en la orfandad qué hace es Estado?, tienen que cuidarlos, llevarlos a los orfanatos, pero nada hicieron, esos niños (Cristofer y sus hermanos) vivieron en la calle, algunos de sus hermanos se salvaron porque fueron adoptados por sus familiares pero la mayoría se quedó en la calle”, lamentó la jurista al recordar que la hija de la víctima también quedó huérfana.

¿POR QUÉ SE COBRÓ

200 BOLIVIANOS?

La jurista apuntó que otro hecho que se debe investigar es por qué el abogado de oficio que le otorgó el Estado a Cristofer le cobró Bs 200 para salir del penal cuando su sentencia ya había concluido y tomando en cuenta que la justicia es gratuita.

“¿Por qué una persona sentenciada a tres años de cárcel acusada de robo agravado cumplía su sentencia en una cárcel de máxima seguridad donde deberían estar los sentenciados por asesinato, violaciones y otros delitos graves, por qué el abogado de oficio permitió ese extremo?”, cuestionó la jurista.